Amplia repercusión en medios internacionales tiene hoy la noticia de que la Secretaría de Informaciones y Cultura de la Presidencia de la República (Sicom) firmó un memorándum de entendimiento con la Agencia Efe “para posibilitar la formación de periodistas locales.”

El acto de firma de dicho memorándum fue precedido por una audiencia que el presidente Horacio Cartes concedió a José Antonio Vera, presidente de la citada agencia de noticias, quien estuvo acompañado de una delegación de periodistas españoles.

La reunión entre el mandatario compatriota y el empresario español y la comitiva que lo acompaña fue esta mañana, en Mburuvicha Róga.

Por la Sicom signó el documento Fabrizio Caligaris, titular de dicha Secretaría de Estado.

En el contexto de la capacitación de comunicadores sociales, el ejercicio del periodismo responsable y la interacción con lo que Vera denominó “diplomacia pública” destacan sus reflexiones sobre el fenómeno de la “posverdad”.

“La ‘diplomacia pública’ debe rechazar las informaciones que van más por la vía de la propaganda y de lo que ahora está tan de moda y se denomina la ‘posverdad’”, dijo Vera, según lo divulga La Vanguardia, un medio propiedad de un holding español.

“La posverdad, que efectivamente ha triunfado y ha existido siempre, no es una cosa moderna de ahora: era la propaganda de la Alemania nazi, la propaganda fascista, de los regímenes comunistas, totalitarios, estalinistas, leninistas, castristas, etc”, amplió el mencionado medio digital.

El empresario español reflexionó seguidamente acerca la lucrativa actividad de “vender las mentiras de la posverdad” y de la necesidad de que la “diplomacia pública y el periodismo profesional tienen que plantarse.”

Cual dedo en ristre a modo de faro para la tendencia de ciertos medios locales, Vera remarcó que la “Agencia Efe tiene como norma contrastar las noticias antes de divulgarlas en interés de la verdad y la rigurosidad.”

“Esto a veces puede suponer que se retrase una información, pero también es verdad que en raras ocasiones nosotros damos una información que no ha sido contrastada y que no responde a realidad”, menciona La Vanguardia que Vera remarcó.

“La comunicación por tanto se ha convertido en una necesidad para influir en la sociedad, incrementar el éxito de una actividad diplomática concreta o para mostrar la transparencia, tan fundamental hoy en día en las sociedades democráticas”, finalizó el empresario español.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.