Toda la familia viajó a Cancún para participar del casamiento de uno de los hijos y uno de los invitados está acusado de abuso sexual de un sobrino que es el hijo del novio de la boda.

La madre de la víctima denunció el hecho en contacto con Monumental donde explicó que el juez de Paraguarí, Jorge Giménez Samaniego benefició con ese permiso a quien tiene prisión domiciliaria.

El permiso fue otorgado por una semana y la mujer no sabe si ya retornó al país aunque aseguró que su mayor temor es que se escape y no vuelva para ser juzgado.

“Le dieron permiso a este joven violador, no tiene otro nombre para mí, me enteré por las redes sociales y se supone que cuando tiene permiso de salir me debe llegar una notificación que nunca llegó y la prisión domiciliaria nunca se cumplió, la familia siempre está chicaneando”, denunció la mujer.

La denunciante señaló que se entera de todo a través de las redes sociales donde la familia muestra sus actividades mientras, su hijo está pasando mal recurriendo a profesionales que lo asisten psicológicamente.

“No tengo apoyo del padre y es su propio hermano quien abusó de su hijo y soy yo quien lucha por él, mi hijo está pasando mal. Antes hacía mis cosas callada y ya no aguanté más y pedí ayuda de la prensa es lo que me queda para tener fuerzas como mamá y como mujer”, agregó.

Cuestionó que la fecha del juicio está fijada pero que no hay juez a cargo y que hay una jueza interinando y no tiene certeza de si se llevará acabo.

“Ya no sé en manos de quién estamos, si la ley funciona o no en Paraguay. Les pido al presidente Marito y su señora que me ayuden porque ese muchacho tiene que estar en Tacumbú”, afirmó.

La mujer lamentó que tampoco ve una investigación con seguimiento de parte de la fiscalía y que se encontró con muchas trabas. “No se mueven, nada hacen y todo es chicaneada, esconden o pierden mis documentos, todo es por plata, así es nuestro país”.

Además denunció que el abusador tiene todo el aparato a su favor ya que los vínculos familiares se encuentran en la Cámara de Senadores donde trabaja una de las hermanas y el papá es coronel retirado.

“Ya recibí amenazas y que harán conmigo lo que quieran pero ya me cansé, no me voy a callar más y si me llega a pasar algo le responsabilizo a esa familia”, afirmó.

Recordó que el papá de su hijo siempre fue una persona prepotente e intratable y que la maltrató durante mucho tiempo, denuncia que no fue tenida en cuenta en la comisaría.

“Siempre fui maltratada, golpeada, el famoso ‘te amo no va a pasar más’ no pasó y el papá es el hermano del abusador de mi hijo, le escribo y no me contesta, me dice cosas feas y tiene el régimen de visita y cumple cuando quiere y no depositó este mes los miserables 500 mil guaraníes para su hijo y trabaja en un banco muy conocido”, afirmó.

Lamentó que tanto el padre como la madre tiene que protegerle al hijo y no al autor del hecho. “Mi hijo tiene 9 años y es un bebé, y yo estoy pagando su tratamiento, su colegio y su salud, el papá nada”, indicó.

No entiende como se le pudo dar prioridad a un abusador para que salga del país mientras su hijo no logra ni un permiso para ir de paseo Foz de Iguasu.

“El caso está saliendo a la luz y gracias a ustedes y Dios quiera que llegue rápido el juicio y cumpla su condena y que no sean tres años porque a mi hijo le fundieron la vida, él no está creciendo como un niño”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.