La denominada “Coordinadora Multisectorial” es una de las organizaciones que se encuentran detrás del reclamo de adjudicación de viviendas sociales al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Como medida de “apriete”, sus integrantes organizaron ayer una manifestación frente a la sede del MUVH, tratando de presionar a las autoridades que acaban de asumir en la institución.

Tras esta agrupación se encuentran dos dirigentes que están salpicados con varias denuncias en su contra: Pulciano Sánchez y Osvaldo Cortessi.

En el caso de Pulciano Sánchez, posee antecedentes por invasión de inmueble ajeno tras estar ligado a ocupaciones ilegales. Asimismo, también fue acusado por la sobrefacturación en la compra de tierras y violación del reglamento del programa de regularización de asentamientos.

Los datos refieren que fue denunciado en el año 2017 por los autodenominados “sintechos” por lucrar a costa de los necesitados y utilizarlos para fines político partidarios, al obligarlos a participar en manifestaciones de tinte proselitista.

Cabe señalar que también es un conocido caudillo liberal vinculado al expresidente del PLRA, Efraín Alegre, y también al exsenador liberal Carlos Amarilla.

Por su parte, Osvaldo Cortessi es un conocido dirigente “sintierra” que también llegó a ser imputado en el año 2021 por invasión de inmueble, tras irregularidades en la compra de propiedades en la compañía Valle Karé de Itauguá.

Así también, posee antecedentes penales por perturbación a la paz pública en el 2019 y robo en el 2020, llegando a recibir como medida restrictiva la prohibición de salida del país. Su hermano, Édgar Isabelino Cortessi, también llegó a ser acusado de robo por la nuera del exintendente de J. Augusto Saldívar, Daniel Báez.

La cuestión de fondo que motiva a estos supuestos dirigentes sociales a convocar protestas es el negocio detrás de la construcción de viviendas sociales a través del Programa Fonavis del MUVH. Cabe recordar que dicho programa permite las transferencias directas a organizaciones que prestan servicios de asistencia técnica y tienen a su cargo la selección de las constructoras que realizarán las obras.

En la jornada de ayer, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Pulciano Sánchez por el hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Según se pudo detectar tras un cruzamiento de datos, Sánchez -quien presentó su solicitud de ingreso en el Registro de Constructoras ante el MUVH- había adjuntado un Certificado de Antecedentes Policiales adulterado, ya que no aparecían sus antecedentes penales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.