La agente fiscal Liliana Zayas Guggiari presentó acusación contra nuevo personas por la comisión del hecho punible de tortura, considerado crimen de lesa humanidad. A la vez, requirió al Juzgado Penal de Garantías n.º 6, que la causa sea elevada a juicio oral y público para los acusados, quienes cumplían funciones como agentes de la Policía Nacional en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Se trata de Nicolás Lucilo Benítez Santacruz, Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez Amarilla, Eusebio Torres Romero, Agustín Belotto Vouga, Manuel Crescencio Alcaraz, Obdulio Argüello Britez, Felipe Nery Saldívar y Fortunato Lorenzo Laspina. Todos, en sus funciones de efectivos policiales, habrían cometido el hecho punible en grado de autor, del cual fuera víctima Domingo Guzmán Rolón.

La víctima fue sometida a todo tipo de dolores, sufrimientos físicos y psicológicos, además de tratos crueles y degradantes, desde el momento de su reclusión en fecha 2 de diciembre de 1976. Rolón estuvo recluido en el departamento de Investigaciones de la Policía Nacional hasta el 02 de diciembre de 1977, posteriormente fue trasladado al departamento de Judiciales y finalmente al Penal de Emboscada. Fue sindicado, al igual que su familia de pertenecer a un movimiento social, motivo por el cual fue perseguido.

Según las investigaciones, Nicolás Lucilo Benítez Santacruz habría propinado golpes en distintas partes del cuerpo a la víctima, utilizando el llamado “Tejuruguái” (látigo ancho y con púas). Para ello, no había una hora específica. Entre otros tratos crueles, realizaba prácticas inhumanas para que Guzmán Rolón pierda el conocimiento. Camilo Almada Morel, conocido con el alias “Sapriza”, empleaba torturas similares y con mayor frecuencia, utilizaba la máquina de mágneto eléctrico. Las prácticas se efectuaban a cara descubierta. Juan Aniceto Martínez Amarilla sometía a Guzmán al sufrimiento físico, sin contemplación, utilizando la cachiporra.

En tanto, Eusebio Torres Olmedo realizaba la práctica de tortura, utilizando el látigo conocido como “Tira lengua”. También lo sometió a la tortura psicológica, amenazándolo de muerte. Agustín Belotto Vouga, torturaba con el látigo conocido como “tejuruguai” y le propinaba golpes con rajas de madera.

Manuel Crescencio Alcaraz fue quien torturó con golpes de garrote a Rolón, el primer día de su detención en el departamento de Investigaciones de la capital. En compañía del acusado estaban Juan Aniceto Martínez, Mario Flores Cáceres y Lorenzo Laspina.

Por su parte, Obdulio Argüello Brítez golpeaba por placer a la víctima, ocasionándole sufrimiento físico y psicológico. A su vez, Felipe Nery Saldívar, torturó a la víctima con golpes de látigo, que eran dados en horas de la noche.

Asimismo, Fortunato Lorenzo Laspina fue otro quien recibió por primera vez al afectado, a quien golpeó ocasionándole heridas en el cuerpo. Además de la violencia física que sufría el afectado, se cometían tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de Guzmán Rolón, todo esto según refiere la acusación fiscal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.