El Indert acusó a varios diputados y senadores de los partidos opositores Partido Liberal, Partido Democrático Progresista y Frente Guasú de instigar a los campesinos a “violar las leyes de la República, invadiendo propiedades privadas, buscando generar así un ambiente de inestabilidad social y política en el país”.

Además, responsabilizó a los legisladores de “cualquier acto de violencia que derive en situaciones que tengamos que lamentar”, según un comunicado firmado por el presidente del Indert, Justo Cárdenas.

También acusó a los dirigentes políticos de desconocer tanto las propuestas de solución “inmediatas y legales” ofrecidas por el Estado a los campesinos, como los antecedentes históricos del caso.

Según la versión del Indert, las tierras fueron cedidas a colonos brasileños en virtud de una ley, derogada en el año 2002, que concedía tierras públicas a cualquier ciudadano que las solicitara para la explotación agrícola, fuera paraguayo o extranjero.

El ente estatal sostiene además que las tierras de los colonos fueron invadidas hace alrededor de dos años por los campesinos desalojados en septiembre.

Sin embargo, los pobladores aseguran que residen en la zona desde hace más de 30 años, que las tierras pertenecen al Estado, y que los invasores del terreno son los empresarios brasileños, que según ellos permanecen en el lugar ostentando títulos de propiedad irregulares.

El Indert afirmó que está negociando “salidas sociales inmediatas” para los campesinos de Guahory, entre las que se encuentra la recuperación de 40 lotes de tierras estatales para asentar a las familias más necesitadas.

Además, estudia la compra de 1.300 hectáreas de terreno para las familias restantes, y la creación de una “colonia modelo” para los campesinos, en la que cuenten con vivienda, agua, luz, caminos, escuelas, centro de salud y asistencia crediticia y técnica para una producción agrícola sustentable.

Por su parte, representantes de la Comisión Vecinal de Guahory piden la anulación de los títulos de propiedad otorgados a los colonos brasileños por una ley ahora derogada, y algunas familias campesinas volvieron a establecerse en la zona esta semana.

Las familias campesinas de la colonia Guahory fueron desalojadas por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

El presidente del Congreso paraguayo, Robert Acevedo, denunció junto a cinco senadores opositores el presunto “uso desproporcionado de la fuerza” y la comisión de otros delitos en el desalojo de Guahory, y pidió al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que abra una investigación sobre el caso.

Por su parte, la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc) solicitó en noviembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imponga medidas cautelares para que los campesinos desalojados puedan quedarse en las tierras mientras se resuelve el conflicto jurídico por la propiedad de las fincas.

Paraguay es el país con la distribución de tierras más desigual del mundo, donde el 90 % de la tierra se encuentra en manos del 5 % de los propietarios, mientras que el restante 10 % de terreno se reparte entre el 95 % de los propietarios, según la ONG Oxfam.

Cristhian Marín es bombero de Itaipú y fue convocado con otro compañero por la Guardia Civil brasileña para contribuir con las tareas de asistencia y rescate.

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Durante una entrevista en el programa Cuenta Final de Universo 970/Nación Media, relató la difícil situación que viven los residentes del estado de Río Grande do Sul, el cual fue declarado en “Estado de calamidad” por las autoridades debido a que el 70% de su longitud está bajo agua, es decir, 300 municipios que se vieron afectados por la crecida.

“Esto es sin precedentes, una zona de guerra. Va a quedar todo para volver a construir, los daños son incomparables, es un daño social que todavía no comenzó”, expresó el joven voluntario.

Sostuvo que ahora mismo están trabajando por sacar personas vivas y animales, pero muchas familias se rehúsan a abandonar sus hogares hasta que el agua ya arrasa con todo.

Los albergues oficiales están sobrepasados, por lo que se instalaron lugares provisorios bajo viaductos, canchas, escuelas o cualquier espacio que sirva de refugio. Relató, también, que armaron albergues para animales, pero se da prioridad a las personas.

“Estamos rescatando un millar de animales. Tratamos de cuidar la vida, lo que venga después vamos a ver qué hacemos”, agregó Marín.

Destacó la solidaridad, el voluntariado de los pobladores que, en medio de la tragedia, ayudan a los que más necesitan. Según su relato, la última crecida similar fue en 1940.

El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Al respecto, César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, indicó que la Ley 1626 de Concesiones, determina que el servicio del transporte es imprescindible y se tiene que garantizar un mínimo de servicio. “Es lo que vamos a hacer”, sostuvo en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

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Agregó que se determinará el porcentaje de buses que estarán disponibles durante el paro, ya que la ley no establece un mínimo. “Existe también el derecho de paro de los transportistas cuando la prestación de servicios ya no puede darse en situaciones competitivas. No podemos seguir basándonos en promesas incumplidas”, refirió.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

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- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que están colaborando con autoridades de la Defensa Civil brasileña para la reubicación de connacionales afectado por las inundaciones.

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Todos los paraguayos están siendo asistidos y se encuentran en refugios seguros, pero se trabaja para hallar a más compatriotas. Ante eso, recuerdan que la línea telefónica +55 51-991487881, está habilitada.

Según el cónsul paraguayo, José Martínez, unas 200 familias paraguayas, equivalentes a 500 personas, terminaron desplazadas de sus hogares por el avance de las aguas.

Brasil vive una de las peores catástrofes naturales y registra unas 80 personas fallecidas, entre ellas, no se reportó ningún paraguayo.

Según datos, más de 844.000 personas fueron afectadas en todo el estado, el más meridional del país, de las cuales 134.300 han perdido sus hogares.

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