El Indert acusó a varios diputados y senadores de los partidos opositores Partido Liberal, Partido Democrático Progresista y Frente Guasú de instigar a los campesinos a “violar las leyes de la República, invadiendo propiedades privadas, buscando generar así un ambiente de inestabilidad social y política en el país”.

Además, responsabilizó a los legisladores de “cualquier acto de violencia que derive en situaciones que tengamos que lamentar”, según un comunicado firmado por el presidente del Indert, Justo Cárdenas.

También acusó a los dirigentes políticos de desconocer tanto las propuestas de solución “inmediatas y legales” ofrecidas por el Estado a los campesinos, como los antecedentes históricos del caso.

Según la versión del Indert, las tierras fueron cedidas a colonos brasileños en virtud de una ley, derogada en el año 2002, que concedía tierras públicas a cualquier ciudadano que las solicitara para la explotación agrícola, fuera paraguayo o extranjero.

El ente estatal sostiene además que las tierras de los colonos fueron invadidas hace alrededor de dos años por los campesinos desalojados en septiembre.

Sin embargo, los pobladores aseguran que residen en la zona desde hace más de 30 años, que las tierras pertenecen al Estado, y que los invasores del terreno son los empresarios brasileños, que según ellos permanecen en el lugar ostentando títulos de propiedad irregulares.

El Indert afirmó que está negociando “salidas sociales inmediatas” para los campesinos de Guahory, entre las que se encuentra la recuperación de 40 lotes de tierras estatales para asentar a las familias más necesitadas.

Además, estudia la compra de 1.300 hectáreas de terreno para las familias restantes, y la creación de una “colonia modelo” para los campesinos, en la que cuenten con vivienda, agua, luz, caminos, escuelas, centro de salud y asistencia crediticia y técnica para una producción agrícola sustentable.

Por su parte, representantes de la Comisión Vecinal de Guahory piden la anulación de los títulos de propiedad otorgados a los colonos brasileños por una ley ahora derogada, y algunas familias campesinas volvieron a establecerse en la zona esta semana.

Las familias campesinas de la colonia Guahory fueron desalojadas por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

El presidente del Congreso paraguayo, Robert Acevedo, denunció junto a cinco senadores opositores el presunto “uso desproporcionado de la fuerza” y la comisión de otros delitos en el desalojo de Guahory, y pidió al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que abra una investigación sobre el caso.

Por su parte, la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc) solicitó en noviembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imponga medidas cautelares para que los campesinos desalojados puedan quedarse en las tierras mientras se resuelve el conflicto jurídico por la propiedad de las fincas.

Paraguay es el país con la distribución de tierras más desigual del mundo, donde el 90 % de la tierra se encuentra en manos del 5 % de los propietarios, mientras que el restante 10 % de terreno se reparte entre el 95 % de los propietarios, según la ONG Oxfam.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.