Los agentes fiscales anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Lilliana Alcaraz presentaron este miércoles la Acusación contra el suboficial Inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero, por los hechos punibles Frustración de la Persecución y Ejecución penal, Acceso Indebido a Sistemas Informáticos y por Alteración de Datos relevantes para la prueba y solicitaron Juicio Oral.

Ambos son sindicados como responsables de cambiar los datos de un presunto narcotraficante prófugo, quien tenía orden de detención con fines de extradición. El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado en el que murieron dos personas (la conocida influencer Cristina “Vita” Aranda y Marcos Rojas Mora), durante un festival que se desarrollaba en San Bernardino en enero de este año.

Según las indagaciones del Ministerio Público, en fecha 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recepcionó el oficio n.° 4, de fecha 27 de diciembre de 2018, por el cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías n.° 9 de Asunción, Abg. Elio Roben Ovelar Frutos, solicitó que la Policía Nacional proceda a la detención con fines de extradición de Bogado Quevedo.

En consecuencia, en fecha 4 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional, a través del operador informático con usuario “medinas”, procedió a cargar en el sistema informático de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, lo dispuesto por el órgano judicial mencionado, completándose, en el campo correspondiente a causa, el dato de: “detención con fines de extradición”; y, en el campo correspondiente a estado, el dato de: “prisión preventiva-captura”.

Posteriormente, en fecha 6 de enero de 2020, el suboficial superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía Nacional, operador del sistema informático con el usuario “ayalaf”, ingresó a la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo y modificó los datos correspondientes al campo de estado, cambiando el de “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”; el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018” a “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019”; y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.

Seguidamente, en fecha 20 de mayo de 2020, este mismo usuario “ayalaf”, ingresó nuevamente a la misma ficha de consulta correspondiente al extraditable e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente además, en el campo de sentencia, consignó: “AI 1185”.

Por su parte, en fecha 28 de agosto de 2020, el mismo suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la misma ficha, modificándolo y volviendo a los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.

En fecha 23 de abril de 2021, el suboficial inspector Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, operador del sistema informático con el usuario “vargasr”, modificó la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021”; la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644”; la situ: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006”; y el estado: “antecedentes”.

Así mismo, en la misma fecha, 23 de abril de 2021, este mismo operador “vargasr”, modificó nuevamente la carga anterior, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situ a: “N” (que significa nulidad).

Por último, en fecha 31 de enero de 2022, día siguiente del atentado, el suboficial inspector con el usuario “vargasr”, ingresó a la ficha en cuestión y modificó todos los datos volviendo al estado original, vale decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; causa n.° 546-2018; juez: Elio Rubén Ovelar; causa: Incumplimiento del deber legal alimentario (mantuvo carga anterior); estado: detención preventiva con fines de extradición”.

En la misma fecha, 31 de enero de 2022, el operador “vargasr”, ingresó por última vez a la ficha de consulta correspondiente al extraditable y cambió la causa de: “incumplimiento del deber legal alimentario” a: “detención con fines de extradición”, manteniendo los demás datos cargados anteriormente ese mismo día.

Cabe señalar que, el suboficial inspector Vargas Espinoza realizó esta última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales de la Policía Nacional al día siguiente del hecho de Homicidio (sicariato) ocurrido en un evento musical en la ciudad de San Bernardino, de notoriedad pública, donde se encontraba presente José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido por un impacto de bala, luego derivado a un sanatorio privado, donde fue detenido por la Policía Nacional, en virtud a la orden de detención preventiva con fines de extradición que pesaba en su contra.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron que la causa sea elevada a Juicio Oral.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.