Los agentes fiscales anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Lilliana Alcaraz presentaron este miércoles la Acusación contra el suboficial Inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero, por los hechos punibles Frustración de la Persecución y Ejecución penal, Acceso Indebido a Sistemas Informáticos y por Alteración de Datos relevantes para la prueba y solicitaron Juicio Oral.

Ambos son sindicados como responsables de cambiar los datos de un presunto narcotraficante prófugo, quien tenía orden de detención con fines de extradición. El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado en el que murieron dos personas (la conocida influencer Cristina “Vita” Aranda y Marcos Rojas Mora), durante un festival que se desarrollaba en San Bernardino en enero de este año.

Según las indagaciones del Ministerio Público, en fecha 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recepcionó el oficio n.° 4, de fecha 27 de diciembre de 2018, por el cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías n.° 9 de Asunción, Abg. Elio Roben Ovelar Frutos, solicitó que la Policía Nacional proceda a la detención con fines de extradición de Bogado Quevedo.

En consecuencia, en fecha 4 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional, a través del operador informático con usuario “medinas”, procedió a cargar en el sistema informático de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, lo dispuesto por el órgano judicial mencionado, completándose, en el campo correspondiente a causa, el dato de: “detención con fines de extradición”; y, en el campo correspondiente a estado, el dato de: “prisión preventiva-captura”.

Posteriormente, en fecha 6 de enero de 2020, el suboficial superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía Nacional, operador del sistema informático con el usuario “ayalaf”, ingresó a la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo y modificó los datos correspondientes al campo de estado, cambiando el de “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”; el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018” a “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019”; y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.

Seguidamente, en fecha 20 de mayo de 2020, este mismo usuario “ayalaf”, ingresó nuevamente a la misma ficha de consulta correspondiente al extraditable e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente además, en el campo de sentencia, consignó: “AI 1185”.

Por su parte, en fecha 28 de agosto de 2020, el mismo suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la misma ficha, modificándolo y volviendo a los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.

En fecha 23 de abril de 2021, el suboficial inspector Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, operador del sistema informático con el usuario “vargasr”, modificó la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021”; la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644”; la situ: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006”; y el estado: “antecedentes”.

Así mismo, en la misma fecha, 23 de abril de 2021, este mismo operador “vargasr”, modificó nuevamente la carga anterior, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situ a: “N” (que significa nulidad).

Por último, en fecha 31 de enero de 2022, día siguiente del atentado, el suboficial inspector con el usuario “vargasr”, ingresó a la ficha en cuestión y modificó todos los datos volviendo al estado original, vale decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; causa n.° 546-2018; juez: Elio Rubén Ovelar; causa: Incumplimiento del deber legal alimentario (mantuvo carga anterior); estado: detención preventiva con fines de extradición”.

En la misma fecha, 31 de enero de 2022, el operador “vargasr”, ingresó por última vez a la ficha de consulta correspondiente al extraditable y cambió la causa de: “incumplimiento del deber legal alimentario” a: “detención con fines de extradición”, manteniendo los demás datos cargados anteriormente ese mismo día.

Cabe señalar que, el suboficial inspector Vargas Espinoza realizó esta última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales de la Policía Nacional al día siguiente del hecho de Homicidio (sicariato) ocurrido en un evento musical en la ciudad de San Bernardino, de notoriedad pública, donde se encontraba presente José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido por un impacto de bala, luego derivado a un sanatorio privado, donde fue detenido por la Policía Nacional, en virtud a la orden de detención preventiva con fines de extradición que pesaba en su contra.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron que la causa sea elevada a Juicio Oral.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.

Santiago Peña destacó, a través de sus redes sociales, que el programa que busca cumplir el sueño de muchos paraguayos avanza a pasos a agigantados. La segunda fase del plan concluyó exitosamente y ya se puso en marcha la plataforma web.

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Esta plataforma servirá para la evaluación de las propuestas de viviendas a presentar por los desarrolladores inmobiliarios anotados para participar del programa. Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

“Trabajamos para que cumplas el sueño de la casa propia. Verificamos avances en Che Róga Porã y otros programas cuyas obras estamos próximos a inaugurar”, informó el mandatario en su cuenta de X.

El programa ofrecerá créditos de hasta Gs. 400 millones a familias con ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos. Los créditos serán hasta 30 años con una tasa de interés del 6,5%.

Con estas características, el pago de la casa propia será similar a un pago de alquiler, gracias a las tasas preferenciales que ofrecerá el Gobierno a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).