Acusan a policías que alteraron orden de captura contra narco que resultó herido en Ja’umina Fest

La Fiscalía acusó a los policías que habrían alterado datos del sistema informático para borrar la orden de captura del presunto narco José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido de bala durante el tiroteo en el festival Ja'umina en San Bernardino.

Los agentes fiscales anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Lilliana Alcaraz presentaron este miércoles la Acusación contra el suboficial Inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero, por los hechos punibles Frustración de la Persecución y Ejecución penal, Acceso Indebido a Sistemas Informáticos y por Alteración de Datos relevantes para la prueba y solicitaron Juicio Oral.

Ambos son sindicados como responsables de cambiar los datos de un presunto narcotraficante prófugo, quien tenía orden de detención con fines de extradición. El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado en el que murieron dos personas (la conocida influencer Cristina “Vita” Aranda y Marcos Rojas Mora), durante un festival que se desarrollaba en San Bernardino en enero de este año.

Según las indagaciones del Ministerio Público, en fecha 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recepcionó el oficio n.° 4, de fecha 27 de diciembre de 2018, por el cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías n.° 9 de Asunción, Abg. Elio Roben Ovelar Frutos, solicitó que la Policía Nacional proceda a la detención con fines de extradición de Bogado Quevedo.

En consecuencia, en fecha 4 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional, a través del operador informático con usuario “medinas”, procedió a cargar en el sistema informático de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, lo dispuesto por el órgano judicial mencionado, completándose, en el campo correspondiente a causa, el dato de: “detención con fines de extradición”; y, en el campo correspondiente a estado, el dato de: “prisión preventiva-captura”.

Posteriormente, en fecha 6 de enero de 2020, el suboficial superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía Nacional, operador del sistema informático con el usuario “ayalaf”, ingresó a la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo y modificó los datos correspondientes al campo de estado, cambiando el de “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”; el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018” a “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019”; y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.

Seguidamente, en fecha 20 de mayo de 2020, este mismo usuario “ayalaf”, ingresó nuevamente a la misma ficha de consulta correspondiente al extraditable e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente además, en el campo de sentencia, consignó: “AI 1185”.

Por su parte, en fecha 28 de agosto de 2020, el mismo suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la misma ficha, modificándolo y volviendo a los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.

En fecha 23 de abril de 2021, el suboficial inspector Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, operador del sistema informático con el usuario “vargasr”, modificó la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021”; la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644”; la situ: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006”; y el estado: “antecedentes”.

Así mismo, en la misma fecha, 23 de abril de 2021, este mismo operador “vargasr”, modificó nuevamente la carga anterior, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situ a: “N” (que significa nulidad).

Por último, en fecha 31 de enero de 2022, día siguiente del atentado, el suboficial inspector con el usuario “vargasr”, ingresó a la ficha en cuestión y modificó todos los datos volviendo al estado original, vale decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; causa n.° 546-2018; juez: Elio Rubén Ovelar; causa: Incumplimiento del deber legal alimentario (mantuvo carga anterior); estado: detención preventiva con fines de extradición”.

En la misma fecha, 31 de enero de 2022, el operador “vargasr”, ingresó por última vez a la ficha de consulta correspondiente al extraditable y cambió la causa de: “incumplimiento del deber legal alimentario” a: “detención con fines de extradición”, manteniendo los demás datos cargados anteriormente ese mismo día.

Cabe señalar que, el suboficial inspector Vargas Espinoza realizó esta última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales de la Policía Nacional al día siguiente del hecho de Homicidio (sicariato) ocurrido en un evento musical en la ciudad de San Bernardino, de notoriedad pública, donde se encontraba presente José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido por un impacto de bala, luego derivado a un sanatorio privado, donde fue detenido por la Policía Nacional, en virtud a la orden de detención preventiva con fines de extradición que pesaba en su contra.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron que la causa sea elevada a Juicio Oral.

Cierran media calzada del túnel del superviaducto

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció el cierre temporal de media calzada del túnel del superviaducto, por trabajos de mantenimiento.

La comunicación del MOPC indica que desde hoy y por los próximos días, se harán trabajos de mantenimiento en el túnel de Aviadores y Madame Lynch en el sentido Asunción – Mariano Roque Alonso.

La cartera estatal señaló que las tareas serán también por la noche y hasta el domingo.

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Ante esta situación, la Patrulla Caminera está brindando orientación a los conductores para garantizar la seguridad en la vía.

Senado comunica a juzgados que congresistas están desaforados

La Cámara de Senadores comunicó a los juzgados la aprobación del proyecto de derogación de la resolución que había restituido fueros a los senadores Erico Galeano, David Rivas y Rafael Filizzola.

Yoan Paúl López, juez penal de Garantías N. 11 de la Capital; y Miguel Ángel Palacios, juez penal de Garantías N. 7 de la Capital, recibieron las notas del Senado, en las cuales se informa de la reciente decisión del pleno, la de dejar sin efecto la resolución del 4 de abril pasado, cuando anularon los desafueros de Rafael Filizzola, Erico Galeano y Hernán Rivas.

El nuevo desafuero se dio a raíz del dictamen del abogado Marcelo Duarte, solicitado por el movimiento Honor Colorado para reconsiderar la postura, en la cual se dejaba expreso que no se reconoce a las cámaras la facultad de revertir los desafueros, atendiendo a que el desafuero se concede en forma definitiva en relación con un caso concreto y por todo el tiempo que sea necesario para la justicia.

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Se sumó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución, debido a que los efectos de esa posición interrumpieron procesos jurídicos en curso y, por los cuales, el Congreso ya había otorgado desafueros en actos solemnes.

Además un grupo de abogados presentó una denuncia penal en contra de los 23 senadores que posibilitaron la devolución de los fueros para los procesados.

El Senado había restituido los fueros a Galeano, Rivas y Filizzola, como una medida de presión para conseguir también el desafuero del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien está imputado en la causa de la filtración de Seprelad.

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Abuelita denunció robo de dinero, pero solo olvidó dónde lo guardó

El curioso caso ocurrió en una vivienda, ubicada en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Ayer en horas de la mañana, una abuelita de 81 años fue hasta la Comisaría 6° para realizar una denuncia por un hecho de robo. Según relató, guardó su dinero, unos G. 30 millones, envuelto en papel diario dentro de su ropero hace unos 20 días atrás, pero que al buscarlo ya no lo encontró.

Al ver la preocupación de la octogenaria, los agentes policiales la acompañaron hasta su domicilio y mediante su autorización, comenzaron a buscar pistas o indicios sobre el dinero. La historia cobró un giro cómico e inesperado, y es que tras varias horas de búsqueda, encontraron el dinero debajo de su colchón. La abuelita se olvidó que lo había guardado en ese lugar.

Entre risas y un gran alivio, la afectada reconoció que surgieron sospechas hacia los familiares que la visitaban, ya que ninguna puerta ni ventana de la casa había sido forzada. Finalmente, la mujer quedó tranquila al hallar nuevamente su dinero, producto de la venta de un inmueble.

El caso se comunicó a la fiscal Viviana Sánchez.