Los fiscales Alberto Torres y Zunilda Ocampos, de la Unidad Especializada Antisecuestro, formularon acusación contra seis supuestos involucrados en el secuestro de la ciudadana brasileña Sandra Cristina Maceda Rubert, hecho ocurrido en agosto de 2021 en la zona de Mbaracayú.

Los acusados son Germán Barreto Ocampos, Alan Schuster Pfeifer, Joel Andrés Gaona Ferreira, Pablo González Flores, Hernán Barreto González y Blanca González, quienes afrontan cargos por secuestro, extorsión, extorsión agravada, privación de libertad, coacción grave y asociación criminal. Los mismos, según la investigación, habrían participado de los hechos en forma conjunta, separada y/o en connivencia en calidad de autores.

Igualmente, fue acusado el comerciante Carlos Javier Álvarez Yegros, quien habría cometido los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad. El citado fue quien activó presuntamente de manera irregular los chips de teléfonos celulares que posteriormente utilizaron los presuntos secuestradores para extorsionar a la familia de la víctima y comunicarse entre sí.

Según antecedentes, los supuestos criminales ejecutaron el plagio de Sandra Cristina el 14 de agosto de 2021, a las 16:30 horas aproximadamente, en un camino alternativo del barrio Bella Vista de la colonia General Díaz, distrito de Mbaracayú. En aquel entonces, cuatro de los presuntos implicados interceptaron a la víctima en las inmediaciones de su casa, mientras realizaba caminata, y la alzaron a la fuerza a un vehículo.

Seguidamente, la llevaron hasta una zona boscosa, en la cercanía de la reserva envolvente de la Itaipú Binacional, donde la mantuvieron en cautiverio en el monte. Desde allí, los delincuentes comenzaron a realizar las primeras llamadas extorsivas a Milton Gabriel Rubert, esposo de la víctima, y le pidieron un rescate de 250 mil dólares americanos.

Al mismo tiempo, le advirtieron que no denuncie el caso ante la Policía o la Fiscalía, caso contrario amenazaron con matar a la mujer. Dos días después, específicamente el 16 de agosto, bajaron sus pretensiones a 200 mil dólares, según los datos.

Sin embargo, el marido de la víctima denunció el hecho ante las autoridades y los investigadores comenzaron a rastrear los números telefónicos utilizados por los presuntos secuestradores y de esa forma pudieron identificar a los titulares y también a los usuarios de los números vinculados, quienes mantenían una fluida comunicación entre sí.

Posteriormente, el 17 de agosto, los investigadores allanaron la casa de Germán Barreto, momento en que lo detuvieron a él y también a Hernán, Blanca González y al menor R.B.G., quien también habría sido utilizado para las comunicaciones con los familiares de la brasileña. Del sitio se incautaron varias evidencias relacionadas al caso.

En prosecución de la pesquisa , los intervinientes llegaron hasta la zona boscosa, ubicada a unos 1.500 metros de la vivienda intervenida, y pudieron rescatar con vida a la brasileña, sin que se pague el rescate, tras un enfrentamiento armado con los delincuentes.

Finalmente, fueron detenidos los otros implicados en el plagio, siendo todos ellos sometidos a procesos penales y ahora formalmente acusados por el Ministerio Público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado de Garantías de San Alberto, a cargo de la magistrada Nimia Dejesús Ávalos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.