La Cámara Alta aceptó el proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a los fines de la Reforma Agraria, parte de la Finca N° 4.036 y sus desprendimientos, del lugar denominado Agrotoro, del distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná”, presentado por los senadores Pedro Santa Cruz, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Carlos Amarilla y Silvio Ovelar.

El objetivo de la normativa es expropiar parte de las 52.942 hectáreas con 3.508 metros cuadrados que posee el Grupo Favero, del brasileño Tranquilo Favero. Para el abogado José Costas lo decidido ayer en el Senado es “un mamotreto orquestado por el Frente Guasu”.

Según Costas, los parlamentarios de izquierda pretenden instalar una tiranía desde la comodidad de sus bancas y hacer lo que quieran con personas que trabajan todos los días. “Más que un capricho es un oportunismo político, para quedar bien con dirigentes campesinos”, afirmó.

“Las tierras en cuestión son especiales para la agricultura, están mecanizadas con tecnología que no existe ni en Brasil ni Argentina, tierras que gradualmente fueron aumentado su capacidad de producción. Lo que se gana con la producción se reinvierte en las tierras. Además significa una fuente de trabajo para muchas personas”, sostuvo.

El profesional del derecho aseguró que demostrarán ante la justicia que la expropiación es inviable. “Hasta el hartazgo demostramos que esas tierras tienen título.“Nosotros estamos dispuestos a hablar con quien hay que hablar para demostrar la inviabilidad de esto”, sentenció.

En Ñacunday están las colonias privadas Lomas Valentinas, Toro Cuá, Toro Cua’i e Itaipyte, en una superficie de 6.003 hectáreas desde el año 1979. También están las colonias del Indert Paranambú, de 8.177 hectáreas; 8 de Diciembre, de 450 ha.; Chacoré, de 1.492 ha., y Yacui, con 1.045 hectáreas.

La finca 4.036 tiene varios desprendimientos y en igual situación se encuentran otras fincas, debido a las constantes modificaciones que realiza el Grupo Favero en los Registros Públicos, según se menciona en el proyecto de ley de expropiación que pasó a la Cámara de Diputado para su estudio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.