A nivel nacional, la adicción a las drogas crece mucho más rápido que las ofertas asistenciales. Sin embargo, no solamente tiene que ver con la salud, sino que también con la violencia y con el negocio que implica la comercialización de sustancias ilícitas.

Esa es la reflexión inicial del doctor Manuel Fresco, director del Centro de Adicciones, quien expone que, no solamente hay una falta de tratamiento, sino que, la oferta de las drogas se divide en: el plano de la oferta, que son los proveedores, y el de la demanda, donde abundan los consumidores.

“Las personas que tienen este problema durante muchos años, no aceptan tenerlo, no aceptan la posibilidad de entrar en un programa de recuperación, entonces, son pacientes que no van a colaborar para entrar en tratamiento”, explicó el doctor Fresco, en una entrevista con Gen-Nación Media.

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Antes de llegar a esa fase, la herramienta fundamental es la prevención, donde la familia y la escuela juegan papeles imprescindibles. En el caso de los colegios, tienen una doble función: la educativa, donde se puede transmitir información al respecto; pero también el diagnóstico precoz, para lo cual, el docente debe estar preparado y darse cuenta cuando un chico que era aplicado, comienza a presentar dificultades de aprendizaje. Esto significa que puede atravesar algún problema de drogas o algún trastorno mental.

“Una actuación temprana presupone que, va a ser derivado al área de psicología de la escuela y de ahí, una vez hecho el diagnóstico, se le va a llamar a la familia y entonces tendrá la posibilidad de un tratamiento oportuno y precoz”, resaltó el doctor Fresco.

Destacó que aquí se verá la diferencia entre, alguien a quien se le detectó la enfermedad a tiempo y alguien que tardíamente inicia un tratamiento, recién cuando es dependiente u obligado por orden judicial, cuando se encuentra en una fase incurable, donde deberá lidiar con ella durante toda su vida.

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El programa “Decido mi futuro, escojo mi libertad” es un taller de prevención que se lleva a cabo en escuelas y colegios.

Esta semana fue el turno del Centro Educativo de Las Américas, donde se abordaron temas como la salud mental y el manejo de las emociones, las adicciones a las drogas y la prevención de la violencia contra la mujer.

“Me llenó de satisfacción compartir y escuchar a los jóvenes sobre sus reflexiones de la problemática, y cómo desde su lugar, pueden contribuir a la construcción de entornos libres de violencia, siendo embajadores y protagonistas de una real transformación social”, expresó Alejandra Mendoza, una de las expositoras de los talleres.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.