A través de una resolución de 12 páginas, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) ínformó que adjudicó la concesión de la explotación de “Apuesta Deportivas” con carácter de  exclusividad en todo el territorio, a la firma Daruma SAM SA, por el plazo de cinco años.

“Daruma se ajusta a todos los requerimientos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. Los datos presentados son viables tanto para el oferente como para el Estado Paraguayo”, expresa el documento.

Asimismo descalificó a la Unipersonal Luis Carlos Alder Benítez por la falta de presentación de documentos sustanciales en la forma requerida en el pliego de bases y condiciones, conforme a lo desarrollado en la evaluación de la Conajzar.

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El documento igualmente descalifica al Consorcio B-Gaming SA Sucursa Paraguay  y Gambling, por la falta de presentación de documentos sustanciales en la forma requerida por el pliego.

También determinó que la oferta de Daruma SAM SA es solvente, al consistir en el 22 % mensual sobre el Netwin de las jugadas, comprometiéndose a abonar el canon mínimo de mil millones de guaraníes.

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“Se descarta cualquier tipo de abuso sexual reciente o anterior. Las lesiones que fueron halladas es por el uso del pañal”, confirmó el fiscal Jorge Romero, tras la autopsia realizada a la niña de 3 años quien fue atendida en el Hospital de Trinidad, donde ya llegó sin signos de vida.

El fiscal sostuvo que a pesar de descartar lesiones de índole sexual, todavía la causa de muerte no fue confirmada. Al respecto, se esperará el informe final forense.

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Sobre el punto, mencionó que el cerebro de la niña se encontraba bastante inflamado, lo que es compatible con una enfermedad infecciosa. “La causa no es traumática, no hubo abuso. Posiblemente sea por una infección no tratada”, indicó.

Asimismo, señaló que los padres de la menor serán convocados a una audiencia de declaración indagatoria, ya que la niña presentaba síntomas de desnutrición y deshidratación, que podría enmarcarse en el hecho de violación del deber de cuidado.

El fiscal Óscar Paredes formuló imputación contra Alba Amarilla Ojeda y Joaquín Morel Núñez, alias “Gallo”, funcionaria de la Fiscalía y agente de la Policía Nacional, respectivamente.

Estas dos personas se encuentran procesadas por los hechos punibles de apropiación, hurto, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

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Según la acusación, Amarilla y Morel tendrían implicancia en la sustracción de vehículos que estaban incautados en el depósito de evidencias de la Fiscalía de Saltos del Guairá.

La investigación inicialmente estaba a cargo del fiscal Ramón Fereira, quien acabó siendo recusado, razón por la que intervino el fiscal Paredes y resolvió imputar a estas dos personas. A ellos se le suma el mecánico Rodolfo Amarilla Sanabria, quien fue procesado por reducción.

En su calidad de encargada del Depósito de Evidencias, Amarilla se habría confabulado con el agente policial, quien es propietario de un desarmadero, de manera a hacerle entrega de una camioneta que permanecía incautada en el lugar.

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Para cometer esta y otras acciones similares, la funcionaria confeccionaba oficios fiscales, falsificaba las firmas y sellos del fiscal Ramón Ferreira, de modo a fraguar para simular la legalidad del trámite administrativo.

En estos momentos, Alba Amarilla se encuentra prófuga de la justicia y en estado de rebeldía, además de quedar suspendida sin goce de sueldo en el Ministerio Público.

Las labores se concentraron en la avenida Silvio Pettirossi, en las inmediaciones del Aeropuerto, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación visual.

Cabe mencionar que, estos carteles publicitarios obstaculizaban las señalizaciones oficiales del MOPC, afectando la información que se brinda a la ciudadanía.

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Los procedimientos, llevados adelante en coordinación con el Juzgado de Faltas de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y la Policía Nacional, tienen la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial, que en su Artículo 43 prohíbe la instalación de elementos que limiten señales de tránsito o que afecten la visibilidad de los conductores, considerando estas infracciones como faltas graves.