Según el reporte, el 70% de las denuncias afecta a adolescentes que no acuden a ningún centro educativo, es decir, no están escolarizados, frente al 30% que sí lo están.

Estas cifras evidencian la necesidad de fomentar programas de aprendizaje encaminados a la reinserción de los adolescentes en la educación formal, a través de la capacitación laboral.

El 57% de las denuncias proviene del Departamento Central, le sigue Asunción con el 35%, y de otros departamentos como Cordillera, con el 4%, y Presidente Hayes, con el 4 %.

El 35% de los casos de denuncias fueron derivados y solucionados en el Departamento de Mediación en Conflictos Individuales, el 18% incomparecencia patronal, el 26% en proceso, 4% derivado a Mujer Trabajadora, 4% desistimiento de instancia, 9% incomparecencia del trabajador y 4% no solucionado.

Según el análisis de las denuncias procesadas por la Dirección General de Protección de la Niñez y Adolescencia, y en el marco de la campaña de protección del trabajo adolescente que viene impulsando el Ministerio del Trabajo, la reinserción en el sistema educativo de los adolescentes trabajadores es de vital importancia para que tengan mejores oportunidades en el futuro.

El trabajo adolescente protegido es aquel realizado por niños de 14 a 17 años de edad, en la medida que se cumplan los requisitos contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código del Trabajo, Convenios de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás compromisos internacionales.

Cabe resaltar que cualquier persona u empresa que desee contratar a mano de obra adolescente, debe obtener el Registro del Adolescente Trabajador (RAT), otorgada por las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codenis) que en su rol social deben inscribir y a la vez orientar al empleador sobre las actividades permitidas que pueden realizar los adolescentes. En el documento están comprendidas las 26 peores formas prohibidas del trabajo infantil y el horario de trabajo conforme a la edad del adolescente.

El RAT es un requisito fundamental para la formalización del empleo adolescente y el respaldo necesario para el empleador ante la presencia de la autoridad administrativa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.