Ferreiro aseguró que no puede ser tomada como amenaza a la paz pública “a las manifestaciones ciudadanas”. El fiscal Cristhian Bernal imputó al estudiante chileno Patricio Flores, bajo esa tipificación, por participar de la manifestación de estudiantes secundarios el pasado 2 de octubre.

“Es un amedrentamiento innecesario, ilegal, autoritario, retrógrado”, sostuvo el senador hablando en 1080 AM. Aseguró que la amenaza a la paz pública debe ser algo que ponga en serio riesgo a los organismos de seguridad.

Ayer la Comisión Directiva del Senado recibió a Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado; Francisco De Vargas, ministro del Interior; Luis Rojas, titular de la Senad y Francisco Alvarenga, comandante de la Policía Nacional. Estos brindaron explicaciones sobre los últimos casos que involucran a las fuerzas de seguridad como a la Justicia.

“La amenaza a la paz pública no es cualquier manifestación pública, cualquier cosa (…) al hacer eso (al permitir esa tipificación), el fiscal general merece un juicio político”, afirmó el senador.

Entre los temas abordados en la reunión ayer figura las investigaciones del asesinato al periodista Pablo Medina y su asistente, Antonia Almada. Además, los citados explicaron sobre la actuación de policías y fiscales tras la manifestación del pasado 2 de octubre, de jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios de Paraguay (Fenaes), que ocuparon el recinto del Ministerio de Educación y Cultura en reclamo de reivindicaciones sobre educación pública.

FUNCIONARIADO, PRINCIPAL ORGANIZACIÓN DELICTIVA

De estar “pervertida”, calificó el senador Ferreiro, a la situación de los organismos de seguridad y de justicia.

Refirió que “la principal organización delictiva es el funcionariado”, porque es la encargada de manejar la justicia y la seguridad pero opera a favor del crimen organizado.

Criticó las manifestaciones del titular de la Senad, Luis Rojas, quien dijo en varias oportunidades que no basta con una denuncia pública de parlamentarios para iniciar una investigación fiscal seria a los señalados de estar implicados en el narcotráfico.

“Está tan pervertido todo que vienen y te dicen que la denuncia que no está en papel, firmada y sellada, no será investigada”, sostuvo. Explicó que este tipo de denuncias se perfilan “en lo que se llama la noticia crimini”.

“Si un vendedor de diario le dice a un policía: ‘allá se está haciendo tal delito’, ellos tienen que montar una guardia para investigar, ellos (las autoridades), sin embargo, hacen todo lo posible para no investigarlo”, ejemplificó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.