“Actualmente están saltando nuevos casos de diabetes y eso se debe probablemente al impacto que tuvo en la población estos dos últimos años de encierro a causa de la pandemia. Eso hizo que la población aumente de peso y al aumentar de peso se aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes, sumado al sedentarismo y los casos de covid”, reconoció el presidente de la SPD, Atilio Castillo.

Sobre el último punto dijo que el covid-19 puede atacar de manera directa a la zona del páncreas que es la que produce insulina y también actúa sobre una de las enzimas pancráticas que produce insulina y por ello las personas que tuvieron covid-19 pueden padecer diabetes.

Asimismo, mencionó que el aumento de casos de diabetes se está viendo en la población joven que va del 5 al 10%. “Cada vez tenemos más pacientes con la enfermedad y eso hace que el sistema de Salud esté trabajando al tope comparando al periodo pre-pandemia”, dijo.

Comentó que hace 10 años atrás la población menor a 40 años no contaba casi con diabetes, sin embargo, actualmente la prevalencia en la población en ese rango de edad «se dispararon».

“Estamos viendo personas con 25 años de edad con diabetes tipo 2, que es el tipo que cuenta con más complicaciones crónicas a mediano plazo porque es la que produce ceguera, amputaciones, de ingreso a hemodiálisis y de muerte cardiovascular”, aseguró.

Por ello, el profesional hizo un llamado a la ciudadanía a que se realice la prueba de glicemia en ayunas y que una vez que se cuente con el diagnóstico y de ser positivo se pueda comenzar con el tratamiento de manera oportuna.

“Si un paciente acude precozmente para su tratamiento por medio de la medicación y la pérdida de peso, se puede controlar sin ningún problema y la persona puede llevar una vida completamente normal”, refirió.

En cuanto a la escala para considerar si una persona se encuentra en riesgo de padecer la enfermedad explicó que se mide por medio del análisis de sangre de glicemia en ayunas. Un promedio igual o mayor a 126 es diabetes y prediabetes de 100 a 125.

“Si un paciente se hace un análisis de sangre y su valor está entre 100 y 125, todavía no tiene diabetes, pero es el momento en que tiene que consultar para evitar que se desarrolle la enfermedad. Uno de cada cuatro pacientes por encima de 20 años tiene prediabetes”, explicó.

Finalmente dijo que existen las condiciones para que las personas sean tratadas antes de padecer la enfermedad y también se cuenta con los fármacos y profesionales para tratar a los enfermos diabéticos en los hospitales públicos del país. IP.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.