Las sentencias, emitidas en 2006 y 2010, afectan a la comunidad Sawhoyamaxa, de la etnia énxet, y a la comunidad Xákmok Kásek, de la etnia sanapaná, ambas ubicadas en la región del Chaco, en la mitad occidental del país.

“Desprenderse de entre 12 y 15 millones de dólares en dos casos, considerando las necesidades del país, es algo que se nos escapa”, aseguró Servín.

El funcionario hizo esas declaraciones en la sede del INDI poco antes de su reunión con líderes de los dos grupos indígenas afectados por las sentencias.

Para el presidente del INDI, estos dos casos “son importantes” pero “no son el ombligo del mundo”, ya que la entidad “tiene otros casos antiguos de expropiaciones a pagar”.

Aclaró que el INDI posee un remanente de 67.000 millones de guaraníes (unos 14 millones y medio de dólares) correspondientes al presupuesto de 2014, que son los que las comunidades indígenas solicitan que se utilicen para dar cumplimiento a las dos sentencias de la CorteIDH.

Ireneo Téllez, abogado de la asociación Tierraviva, que representa legalmente a los indígenas, dijo que se reclaman 34.000 millones de guaraníes (unos 7 millones de dólares) para acatar la sentencia que afecta a los Sawhoyamaxa.

Y cerca de 30.000 millones (casi 6 millones y medio de dólares) para cumplir con la sentencia favorable a los Xákmok Kásek.

En el caso de los Sawhoyamaxa, el Estado firmó en junio de este año una ley de expropiación a favor de la comunidad indígena de 14.404 hectáreas que eran propiedad del alemán Heribert Roedel.

Roedel no aceptó la decisión e interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que la Corte Suprema de Justicia rechazó a fines de septiembre.

El empresario prevé ahora solicitar una aclaratoria a la Corte, lo que podría ralentizar el proceso, reconoció el presidente del INDI.

“Si el propietario no quiere aceptar la indemnización por las buenas, vamos a tener que hacer un depósito en una cuenta judicial”, explicó Servín.

Según Téllez, este “pago por consignación” se tendría que haber efectuado a partir de fines de septiembre, pero no se hizo, aclaró, “porque el INDI dijo en octubre que iba a dar prioridad al caso de Xákmok Kásek”.

Sin embargo, en la reunión mantenida este lunes entre los líderes indígenas y el INDI, Servín se comprometió a dar prioridad al caso de los Sawhoyamaxa y postergar la resolución del de la comunidad Xákmok Kásek.

Gerardo Larrosa, líder de la comunidad Xákmok Kásek, criticó este cambio de postura y dijo que supone un “golpe bajo a las esperanzas de la comunidad”.

Respecto a estos indígenas, el Estado llegó a un acuerdo de compra con el propietario de los terrenos, ocupados hoy por la explotación ganadera Estancia Salazar, del estadounidense Roberto Eaton.

Según ese acuerdo, el INDI debe ahora tramitar la compra de 7.701 hectáreas del total de 10.700 que deben restituirse a los Xákmok Kásek.

Si la operación se retrasa, los indígenas temen que Eaton retire su oferta de compra, y “los trámites sean más duros, porque se tenga que expropiar”, señaló Larrosa.

Además de las sentencias que afectan a los Sawhoyamaxa y a los Xákmok Kásek, Paraguay tiene pendiente desde 2005 una orden de la CorteIDH que obliga a permitir el acceso libre a sus tierras a la comunidad indígena Yakye Axa, del grupo étnico énxet.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.