Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales del Paraguay (CAPPRO), en entrevista con Radio Nacional habló sobre el allanamiento a un centro de reenvasado de productos realizado ayer y en el que encontró aceite a granel que era recargado en envases vacíos de la marca “Vicentín”.

Al respecto, indicó que desde la organización ya realizaron varias denuncias sobre esta irregularidad ante la Prefectura Naval y la Dirección Nacional de Aduanas, aunque sin lograr conseguir mayor apoyo.

Según datos de CAPPRO que fueron obtenidos en base a registros del Sistema SOFIA, tan solo el 20% de la demanda en el mercado local corresponde a importaciones legales, mientras que el 27% forma parte de lo que genera la industria nacional y el restante 53% se considera como “aceite de origen dudoso”, el cual puede ser tanto de contrabando o reenvasado.

Sobre este último punto, Noguera explicó que en ambos casos es peligroso el consumo del aceite debido a que el producto generalmente se encuentra expuesto al sol. En esos casos, la exposición durante varias horas produce una alteración en la composición química y hace que no sea apto para el consumo humano.

La titular de CAPPRO recalcó que el consumo del aceite que permanece mucho tiempo en la intemperie puede afectar la salud, pudiendo llegar a producir una gastroenteritis y, en los casos de consumo reiterado y frecuente, inclusive la muerte.

“Es una batalla que tenemos que lidiar tanto desde la concienciación al consumidor y las autoridades que deben ejercer efectivamente los controles para que estos bienes no ingresen al país”, manifestó a la 920 AM.

Noguera también hizo mención a una práctica que, a pesar de las reiteradas denuncias, hoy día sigue vigente: el “ordeñe” de aceite. Al respecto, confirmó que algunas barcazas cargadas con aceite crudo desgomado para exportación son “robadas” y el producto extraído va a parar a lugares clandestinos (como el depósito allanado ayer) donde se hace un refinamiento sin ningún tipo de control de calidad.

Según Noguera, toda esta situación le resta competitividad a las industrias nacionales que apuestan por el país, pagan impuestos y generan mano de obra. “Los aceites se ofrecen por debajo del costo de producción, es imposible competir como industria con bienes que están ingresando ilegalmente sin que paguen ninguna carga impositiva”, afirmó.

Finalmente, pidió a las autoridades que actúen de oficio para frenar el contrabando y la venta irregular de aceite, sin esperar a que primeramente se realicen denuncias previas, y también recomendó no adquirir productos que se comercialicen en la vía pública debido al peligro que representan.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.