“Genera una gran preocupación porque vemos claramente una intención de asfixiar y precarizar la investigación fiscal. Hace cinco años no tenemos crecimiento vegetativo como cualquier otra institución. Estamos pagando muy caro procesar a legisladores, diputados, senadores que luego en el Poder Judicial presentan chicanas para no llegar al juicio oral”, dijo la fiscala a la 650 AM sobre la modificación de la ley de tasas judiciales.

Actualmente, del 100% de las tasas judiciales la Corte recibe 58,80%; la Fiscalía, 12,7%; el Ministerio de Justicia, 13,55%; el Ministerio de la Defensa Pública, 0,01%; y Consorcio 15,37%.

Sin el 12,7% que se destina al Ministerio Público, Martínez explicó que va a afectar a la posibilidad de seguir investigando, va a favorecer a la impunidad, a la corrupción y no se va a poder utilizar personal técnico. Recordó que el movimiento de personas en situación de vulnerabilidad implica una inversión ya sea en combustible o en recursos humanos ya que las víctimas no disponen de medios para trasladarse ni para continuar con sus procesos.

“Todo eso está asignado al pago con el recurso genuino que son las tasas judiciales porque eso es fuente 30. Sabemos que podemos contar con esa suma de dinero y sabemos que no nos va a faltar. Todo lo que es fuente del tesoro Hacienda nos recorta cuando es plan de caja y te dice que es ‘según disponibilidad’”, expresó la fiscala.

Dijo que no tiene sentido porque la Corte tiene su presupuesto y además genera sus propios recursos, pueden crear tasas o aumentarlas. Agregó que los diputados sugirieron a la Fiscalía crear una tasa pero Martínez dice que eso es imposible porque no pueden cobrar.

Explicó que su unidad es la única que ofrece una puerta de acceso a las víctimas en el ámbito penal porque en casos donde hay delitos contra personas “casi no hay querella” porque solo el 1% de los afectados tiene capacidad de querellar.

Con respecto a las protestas de los funcionarios, dijo que puede ser un reclamo justo y que quieran todos sus recursos pero expresó que lo que les quitan a la Fiscalía no va a resolver su problema. “No puede ser que nos quiten un servicio para pagar salarios. Un discurso vacío tienen”, indicó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.