En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre las condiciones laborales en las plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio, la ONG TEDIC ha publicado una serie de recomendaciones sobre el proyecto de ley presentado por los diputados Rodrigo Blanco y Pedro Gómez.

En el informe, señalan que plataformas como Bolt, Uber, MUV, Pedidos Ya, entre otras, han crecido significativamente en los últimos años, sin embargo, la falta de regulación adecuada ha llevado a situaciones preocupantes, incluyendo casos de asesinato y abuso sexual, por lo que existe una urgente necesidad de fijar un marco legal protector para sus trabajadores.

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Como parte de la red de investigadores de Fairwork, TEDIC ha aplicado una metodología en 2022 para evaluar el trabajo justo en estas plataformas, encontrando deficiencias significativas en el cumplimiento de estándares laborales. Basándose en este análisis, proponen las siguientes recomendaciones:

1- REVISAR LA CLASIFICACIÓN LABORAL: El proyecto propone dos categorías laborales que necesitan ser revisadas para garantizar protecciones equitativas a todas las personas trabajadoras, independientemente del sector en que se desempeñen.

2- ENFATIZAR EN LA GARANTÍA LABORAL UNIVERSAL: Todos las personas trabajadoras deberían gozar de derechos fundamentales del trabajo, incluyendo un salario vital adecuado y protección en salud y seguridad laboral y derecho a la organización colectiva. Esto independiente al estatus laboral que se defina en la futura ley y siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

3- MAYOR TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD DE DATOS: Es crucial que el proyecto de ley delimite claramente la información relevante para la seguridad de las personas trabajadoras y establezca medidas para proteger la privacidad y los datos personales.

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4- POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA ALGORÍTMICA Y ANTI-DISCRIMINACIÓN: Se deben establecer políticas claras para garantizar que las decisiones algorítmicas sean justas y transparentes (auditables por las personas que conforman el ecosistema de la economía de plataformas). También es importante que se generen políticas anti-discriminación dentro de las plataformas que protejan a comunidades vulnerables como mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+.

Desde TEDIC instan a legisladores y partes interesadas a considerar estas recomendaciones en el debate y una eventual modificación del proyecto de ley, al tiempo de destacar la importancia de garantizar un entorno laboral seguro y justo para todas las personas trabajadoras de plataformas digitales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.