“Lejos de achicarse el problema sigue creciendo y nuevamente hay un recrudecimiento en ciertas categorías especiales bastante notorio. Por poner un ejemplo, la semana pasada vos querías pasar a comprar sidra en Clorinda y ya no había más sidra”, aseguró. Dumot añadió que esto significa que el producto ya fue comprado completamente de los comercios ubicados en Formosa y Clorinda.

DEDUCCIÓN DEL IVA

En cuanto a la deducción del 30% del impuesto al valor agregado (IVA) mencionó que el proyecto tiene una particularidad, con un lado positivo y negativo. “El efecto de la informalización va a ser menor, pero el problema del Ejecutivo estaba con la política del veto del proyecto de ley y discutirlo de vuelta lleva un tiempo, el comercio cierra sus actividades en prácticamente un mes”, aseveró.

Manifestó que desde el gremio no acompañarán proyectos que reduzcan la recaudación del fisco. “Este proyecto tiene una perspectiva de que reducirá las recaudaciones del fisco, pero en contrapartida tiene la intención de empezar con la formalización. Creo que esta medida de probar de acuerdo a resultados reales es la medida correcta”, comentó.

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El representante aseveró que igualmente solo sería un paliativo para cierto grupo de consumidores, por ende, difícilmente mueva la aguja como para detener el contrabando. “El contrabando va a seguir funcionando en otros canales, en la mayoría de la población y la diferencia de precios se viene incluso ampliando en algunos casos”, argumentó.

CASTIGOS REALES Y SEVEROS

Recientemente, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, sostuvo que la gran deuda de la clase política y del Estado es que en Paraguay no se apliquen castigos reales y severos a los contrabandistas, motivo por el cual este flagelo trasciende y perjudica en gran medida a la clase trabajadora formal del país. “En Paraguay ser contrabandista es un hecho que no se castiga, esa es la deuda del Estado con el sector empresarial. No se castiga el contrabando es el problema que se tiene, por eso hay mucha informalidad”, lamentó el representante del gremio, en contacto con la radio 1080 AM. Esto con relación a la postura del sector empresarial, respecto a la posibilidad de que se promulgue el proyecto de ley sancionado sobre la deducibilidad del 100% del impuesto al valor agregado (IVA), es decir, en todas las compras en los supermercados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.