​“La gran pregunta es dónde estamos parados hoy…el nivel de improvisación es grande. No se puede tratar como un negocio civil”, indicó González a Radio Universo.

La diputada tiene el concepto de que “no es una simple carga la que se rechaza. Son 14 millones de dólares con un anticipo de 17 mil millones de guaraníes que representó un camino incidentado en este proceso”.

“Tenemos más dudas que certezas. Hay un esquema criminal que se cayó y que no sabe cómo recomponerse”, mencionó Kattya.

Las empresas Eurotec e Imedic trajeron insumos que correspondían a una primera entregan fallida y volvieron a entregar productos no coincidentes con las especificaciones técnicas.

“Esto debe tener una explicación y deben haber responsabilidades con soluciones inmediatas para aquellos que no actuaron con la debida diligencia”, manifestó.

Asimismo apuntó al ministro Julio Mazzoleni, en quien deposita la responsabilidad de tomar acciones que sean beneficiosas para el gobierno y la población.

“Se acaba el tiempo y el ministro, que goza de buen prestigio va a tener que tomar partido. O se juega por el Clan Ferreira o asume su posición de lado de la ciudadanía con posturas firmes que vayan más allá de simples destituciones”, advirtió.

También sugirió que no se puede remitir solamente a renuncias o cambios de directores. “La renuncia no debe ser sinónimo de impunidad que les permita seguir actuando a las sombras”, dijo.

Añadió que “se puede ver además que estas empresas están vinculadas a falsificación de documentos referentes a medicamentos para el cáncer”.

Considera que las empresas adjudicadas para la importación de insumos “se sostiene con protección política” y que “si no tenían ese respaldo no estarían actuando como si nada”.

“Nos están tomando el pelo”, aseguró González, quien es partidaria de llegar al fondo de la cuestión y poner en manos de la justicia a responsables directos y morales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.