“​La situación empeoró para la clase obrera”, afirmó Eduardo Ojeda a Radio Universo 970 AM.

El dirigente obrero aseveró que se agravaron las condiciones de los trabajadores. “A todo eso, no tener trabajo hace que se enfrente la pandemia en malas condiciones”, indicó.

Sostuvo que “el modelo económico que rige en Paraguay provocó que el golpe sea más fuerte” y que en esa coyuntura, “la pandemia generó una situación catastrófica”.

“Hay casi 250.000 trabajadores desocupados según informes oficiales y casi setecientos mil en la franja de formalidad, con acceso a IPS”, añadió.

Eduardo Ojeda aseguró que “el Estado está en total ausencia” y sin brindar garantías de seguridad a la clase trabajadora para que pudieran sortear la crisis sanitaria.

“El Estado no llega a un apoyo ni del 30%. Hay otros cien mil trabajadores con IPS que están formalmente cesados en sus contratos y son situaciones graves, que se empeora aún más con la falta de equipos de bioseguridad para los médicos, lo que es lamentable”, manifestó.

Insistió en que “lo que nos preocupa a nosotros es que cuando se instale la pandemia con fuerza serán más los despidos. Más de dos millones de trabajadores están en paro”.

“El Estado no asume esto, genera duda en la ciudadanía con la corrupción, nos deja en situación de abandono, entonces tenemos que prepararnos para la rebeldía. Estamos pasando hambre”, aseveró.

Eduardo Ojeda contó que “presentamos al presidente del Congreso, la Comisión de Presupuesto y a la ministra de trabajo una ley de emergencia laboral, pero nos ignoraron”.

“Apuntamos a que el Estado debe garantizar el salario mínimo para los trabajadores formales, despedidos y suspendidos. Y a los informales otorgar el 75% del salario mínimo”, indicó.

Recordó que el Estado tiene una deuda con IPS de 500 millones de dólares y que se puede negociar. “Esa deuda histórica el IPS puede fondear y subsidiar a los trabajadores que están en la formalidad”, refirió.

“Necesitamos gobernantes que estén comprometidos con la ciudadanía. Este gobierno es antipatriota y viene del fraude, sin moral y sentimos que esto no va a cambiar”, consideró.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.