La periodista Zuny Vera, del diario Popular, denunció un intento de coima por parte de dos inspectoras de la PMT. Según relató, las agentes la multaron debido a que supuestamente cruzó el semáforo en rojo sobre la Santísima Trinidad y Sacramento, Asunción. El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde.

“Yo salía de IPS con mi papá, cuando llegue a Santísima Trinidad el semáforo se pone en rojo, me quedo pero ellas me atajaron, me dijeron que me haga a un lado y me pidieron mis documentos. Yo les mostré todo porque no cometí ninguna falta pero ambas insistieron que crucé la luz roja y para no discutir con ellas les pedí que me hagan la boleta y que deberían controlar a los colectivos. Ahí me dicen que ya me hicieron pero que no me iban a entregar, en ningún momento me mostraron el documento. En la zona hay cámaras donde se puede ver que no crucé la luz roja”, expresó la afectada.

Ante la negativa de dar la boleta por parte de las agentes, Vera grabó el momento en que pedía dicha boleta, pero por los nervios del momento dijo que quería la “factura”. En el video se escucha que una de las inspectoras le menciona que ella (conductora) no está bien de la cabeza y le amenazaron incluso con golpearla si no se callaba.

“Yo sé que es la boleta pero les dije que quería mi factura, me equivoqué, y ahí ya me trataron de loca, me dijeron que no estaba bien y que me iban a pegar. Les grabé porque ni portanombre no tenían”, afirmó.

Finalmente, la mujer tuvo que abandonar el sitio sin llevarse el boleto de la multa.

Zuny Vera presentó la denuncia en la Municipalidad de Asunción donde el Director de Tránsito, Enrique Chávez manifestó que realizaría el sumario correspondiente. Sin embargo, hasta el momento los datos de ambas mujeres no les fueron proporcionados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.