Karina Gómez, directora del Trabajo, dijo a radio 800 AM que en vista a la crítica situación de la pandemia, la institución sugiere nuevamente que, dependiendo de la actividad de la empresa, solo ocupe de manera presencial el 50% de la fuerza laboral. La opción para la otra mitad es aplicar el teletrabajo de modo a descongestionar las oficinas.

“En una fábrica que es de una cuadra de superficie, se podrá tener a más empleados. Lo que queremos garantizar es el distanciamiento social, que se provea el jabón y el alcohol, entre otras medidas de prevención”, aclaró la autoridad.

Si existe aglomeración y no están operando en cuadrillas, el trabajador puede solicitar de manera anónima al número de WhatsApp 0962174000 la intervención o fiscalización del Ministerio de Trabajo para hacer un sumario administrativo que puede terminar en una sanción. Si es la primera infracción, la firma se expone a 10 jornales por cada trabajador afectado. Si hay reincidencia, la multa aumenta y podría incluso cerrarse el establecimiento.

Así también los trabajadores pueden agruparse y hacer su denuncia ante Trabajo para que se establezcan las mesas tripartitas con la patronal que está incumpliendo con las medidas sanitarias, de acuerdo con la entrevistada.

Gómez detalló que de momento reciben mayormente denuncias por despidos injustificados (aunque muchas veces en realidad son suspensiones laborales), maltrato laboral y casos de trabajadores informales que quieren tener el seguro de salud y aportar para su jubilación.

Reconoció que el trámite para hacer las audiencias puede tardar un poco de tiempo, porque no pueden recibir a más de 50 personas a diario en la sede del Ministerio de Trabajo, por lo que se apuesta a lo virtual. “Casi el 55 % de las mediaciones llegan a buen puerto”, destacó.

CONTROLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS

El año pasado, desde el 9 marzo hasta el 31 de diciembre del 2020, el Ministerio de Trabajo realizó un total de 10.902 verificaciones de locales de diversos tipos de actividad comercial y de producción para controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias por COVID-19.

Los locales deben contar con estaciones para el lavado de manos antes de ingresar al establecimiento, con agua, jabón, papel desechable y gel a base de alcohol al 70%, con espacio para el distanciamiento físico de 2 metros entre trabajadores, quienes deben utilizar correctamente el tapaboca, que por ley es obligatorio.

Asimismo, deben realizar control de la temperatura a toda persona que ingrese al centro de trabajo, además deben establecer un sistema de trabajo en cuadrillas y por turnos, para asegurar la rotación de empleados e identificación de los equipos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.