En entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, Luis Orué, viceministro de Trabajo, señaló que este año fue uno atípico y que todos los sectores registraron inconvenientes económicos por la pandemia. “La problemática del aguinaldo ya lo veíamos venir desde el mes de octubre. Muchos gremios empresariales ya dieron su voz de alerta, que les costará pagar el aguinaldo. Entonces nosotros nos reunimos con los diferentes agentes financieros para conseguir créditos accesibles y flexibles para los empresarios”, dijo.

Contó además que los afectados propusieron al Ministerio de Trabajo el fraccionamiento del llamado décimo tercer salario, pero en ese sentido indicó que ello implicaba modificar el Código Laboral. Los especialistas de Hacienda advirtieron en consecuencia que no era viable la propuesta porque justamente iba a ser un efecto rebote en las empresas, ya que lo que se busca a fin de año es que haya circulante de dinero.

Ante la incógnita sobre cómo proceder, Orué pidió a la patronal hacer un esfuerzo para el cumplimiento de la obligación y en caso de que no se pueda, se buscará arreglar por medio de una conciliación. Así también, contó que ya existen gremios de trabajadores que llegaron a un acuerdo con sus empleadores para cobrar de manera fraccionada y esto es legal, según refirió, siempre y cuando algún trabajador no termine denunciando ante el Ministerio alguna irregularidad cometida por la patronal.

En ese sentido reconoció que cada año existe incumplimiento del pago del aguinaldo de parte de algunas empresas y que recién en enero o incluso febrero se paga el dinero al trabajador luego de un acuerdo entre las partes en la mesa negociadora instalada por el Ministerio de Trabajo. “Hacen nomás luego una especie de pago fraccionado”, acotó.

El aguinaldo es equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que recibimos durante el año, es decir, incluye salario, horas extras, comisiones u otras, pero no incluye bonificación familiar ni subsidio por maternidad o el de IPS por suspensión laboral. El empleador está obligado a pagarlo antes del 31 de diciembre.

Para saber cuánto debe cobrar en concepto de aguinaldo, el trabajador tiene la opción de hacerlo por su propia cuenta ingresando a la “Herramienta para Cálculo del Aguinaldo” disponible en la web del Ministerio de Trabajo.

Desde el inicio de la pandemia un total de 11.463 empresas solicitaron la suspensión de contratos de sus trabajadores, de acuerdo a los datos manejados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.