El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la realización de una auditoría en el expediente de extradición de Marcelo Pinheiro, porque aparentemente el proceso quedó varado 12 días en el tribunal competente integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete, pese a que el caso requería celeridad.

El camarista Sánchez explicó a radio Ñanduti que todo estaba en el plazo legal, atendiendo el sistema que se implementa en nuestro país. En ese sentido dijo que se registra la fecha de recepción del documento en la oficina del magistrado.

“El lunes 12 (de noviembre) se eligió quién de los tres camaristas iba a ser el preopinante e iba a estudiar primero. Salí sorteado yo. Entonces desde esa fecha estuvo el expediente conmigo. Estudié el caso y concluí el caso el jueves de la semana pasada. Ese mismo día remití al segundo miembro y hoy este le remitió al tercero”, dijo.

El camarista explicó que al tratarse de una sentencia definitiva, el plazo para emitir la sentencia es de 30 días, a no ser que la defensa realice alguna chicana. Resaltó que no ocurrió mora judicial en este caso, porque esta figura se da en el incumplimiento del plazo de los jueces para expresarse sobre un caso. Aunque indicó que la dilación, tal como criticó el propio presidente Mario Abdo, puede tener infinidad de causas, entre ellas los recursos, recusaciones e inhibiciones de los jueces.

Pese a haberse concretado la expulsión de Marcelo “Piloto” Pinheiro, se deberá publicar la resolución que determinará la extradición solicitada por el gobierno brasileño. Adelantó que esta mañana estarían sacando la resolución pertinente. No quiso adelantar el sentido de su voto.

Mientras tanto esto ocurre en Paraguay, el narco brasileño ya se encuentra en el vecino país, donde será juzgado por varias causales. El Gobierno paraguayo optó por la figura de la expulsión tras el crimen ocurrido en el interior de la celda de “Piloto”, que habría sido una artimaña del criminal para evitar su extradición. La víctima fatal fue identificada como Lidia Meza.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.