Con incertidumbre y cansadas de esperar, las madres del Barrio San Francisco afirmaron que las promesas del Gobierno para un futuro mejor siguen sin cumplirse y que la idea de vivir mejor a través de un Plan de Desarrollo Social del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) siguen sin concretarse a casi dos años de estar instalados en el complejo habitacional.

“En la Chacarita por lo menos teníamos todo más a mano y podía salir a buscar qué comer para mis hijos, acá tenemos que dejarle a nuestros hijos mucho tiempo y mi marido es cuidacoche, con eso nos estamos manejando porque tengo tres hijos que usan todavía pañal, uso como 20 pañales al día y también tienen que comer”, explica María Cáceres, una joven que tiene un hijo con discapacidad motora.

Todas las madres están expectantes de que se les llame para un trabajo porque todas enviaron sus currículos para la selección que le prometieron y que nunca se hizo. Por el contrario, denunciaron que los pocos puestos de trabajo disponibles en la zona son ocupados por personas externas llevadas por recomendación.

“Estamos olvidados acá y necesitamos trabajar, dijeron que era lo primero que verían para los que vinimos y no pasa nada, serán dos años y todos tenemos hijos que no pueden esperar para comer”, afirma Ilda Caballero.

Por su parte, Liz Melgarejo que tiene seis hijos denunció que trabajó unos meses en la escuela San Francisco y solo percibió un salario por tres meses y que a los seis meses debían renovarle el contrato y no fue así.

Desde entonces está desempleada y buscando alternativas para generar ingresos para su familia.

“Queremos trabajar, somos madres y ya esperamos mucho, no pasó nada de lo que dijeron para nosotros, solo promesas”, señaló Viviana Cáceres.

Para ellas todo era mejor cuando estaban en la Chacarita donde había más posibilidades de conseguir el sustento por la cercanía sin embargo, en el barrio están aisladas, sin servicios de transporte público ni atención médica permanente.

“Cuando un niño está con fiebre acá en el puesto no encontrás médico, nunca está, siempre están de vacaciones y solo conseguimos atención yendo hasta el hospital de Loma Pytá”, indicó Cáceres.

Con respecto a las condiciones de infraestructura, las mujeres se quejaron de la mala calidad de las viviendas, que estas presentan fisuras desde el principio, filtra agua y no resiste una lluvia por la cantidad de goteras.

Coincidieron en que lo que más anhelan es trabajar sin abandonar a sus hijos y tener un salario con qué mantenerlos.

“No estamos pasando bien pero acá lo que más necesitamos es trabajar, por nuestros hijos, y creíamos que tendríamos trabajo cerca para llevarles a una guardería cerca de nosotras porque si salimos afuera tenemos que llevarle a todos y ni colectivo tenemos”, señaló otra pobladora.

Otro componente social olvidado son los adultos mayores del barrio a quienes también se los debe trasladar fuera de Zeballos Cué para recibir atención, tampoco tienen acceso a un pasar digno por falta de recursos.

El proyecto inicial del barrio San Francisco, el plan tenía previsto el componente social con el acompañamiento constante de las familias, entre los puntos cita: “Instaurar mecanismos efectivos de participación y convivencia ciudadana que fortalezcan el tejido social y aumenten la seguridad, promoviendo la actividad económica en el barrio y el empleo formal a través de acciones mancomunadas con diversas entidades, privadas y gubernamentales”.

El acceso a la educación y la atención integral de la salud a la población en general también estaba contemplado en el plan de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Ventas de departamentos y casas

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) recibió denuncias sobre la venta irregular de propiedades por parte de pobladores del barrio San Francisco. Los beneficiarios, quienes ofertaban los inmuebles vía Facebook, se exponen a ser excluidos de futuros proyectos sociales del gobierno, afirmó el ministro Dany Durand.

La lista de 1000 familias adjudicadas con las soluciones habitacionales en barrio fue remitida hace unos meses al Ministerio de Desarrollo Social para el acompañamiento a las familias, afirmó esta mañana Durand.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.