El nuevo decreto presidencial establece una serie de medidas de contención sanitaria, a fin de reforzar la cuarentena establecida para evitar la propagación del coronavirus.

La disposición contempla algunas excepciones para determinadas personas y servicios al aislamiento total que rige a partir de este sábado 21 de marzo. Las mismas son:

1. Autoridades Nacionales, departamentales y municipales, autoridades diplomáticas y representantes de organismos internacionales para el ejercicio de sus funciones impostergables, Funcionarios y Trabajadores del sector público y privado para la prestación de servicios imprescindibles; servicios de salud públicos y privados, servicios de mantenimiento preventivo y de urgencia de equipos médicos y hospitalarios, Personal de Salud, Fuerzas Militares y Policiales, actividad migratoria, servicio meteorológico, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Las personas que deban asistir a otras con discapacidad; a adultos mayores, niños y adolescentes.

3. Trabajadores de medios de comunicación para la prestación de sus servicios.

4. Las personas afectadas a la ejecución de obras públicas.

5. Supermercados, establecimientos que comercializan artículos de primera necesidad, despensas, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas de gas.

6. Actividades industriales y comerciales de productos imprescindibles para la población y para la prestación de servicios públicos.

7. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria, avícola y de pesca.

8. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil, servicios digitales y “call center”.

9. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

10. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos y residuos generados en establecimientos de salud y afines.

11. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, comunicaciones) y de emergencias.

12. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

13. Servicios de entrega a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad básica.

14. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

15. Estaciones expendedoras de combustibles.

16. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema bancario y financiero.

17. Cadena Logística (puertos, buques fluviales, líneas marítimas, transporte terrestre de carga).

18. Servicios funerarios.

La ministra Cramer enfatizó que los supermercados y farmacias permanecerán abiertas, de acuerdo a los horarios que dispongan los empresarios. En ese sentido, instó a que una sola persona de la familia vaya a realizar las compras, tomando todas las precauciones sanitarias.

“En este momento Salud nos dice que nos quedemos en casa y debemos hacer caso. Llamamos a la solidaridad de los paraguayos para todos los sectores”, dijo la ministra.

Por su parte, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció un exhaustivo control de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento del decreto presidencial.

Acevedo destacó que la persuasión de estos días tuvo éxito recurriendo a la firmeza para casos excepcionales. De igual manera, señaló que no se tolerarán a aquellas personas que quieran sobrepasarse o engañar a las autoridades de control.

En caso de ser necesario, se procederá a la detención y posterior remisión al Ministerio Público -multa incluida- de aquellos que violen la cuarentena.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.