En entrevista con HOY, la agente fiscal Lisa Ruiz Díaz comentó que hasta el momento solo cuentan con la declaración del funcionario afectado, por lo que aún siguen realizando varias diligencias en el marco de la investigación.

De acuerdo a la versión que brindó el denunciante, él no recuerda nada de lo ocurrido en la noche del sábado cuando se produjo el supuesto abuso sexual, por lo que se presume que pudo haber sido sedado con algún tipo de sustancia o que estuvo muy ebrio luego de ingerir bebidas alcohólicas.

“Él no se acuerda ni siquiera cómo llegó al lugar donde habitaba, él se quedaba en una dependencia dentro del predio. Dice que tomaron ahí, luego salieron para tomar en otra parte y ya despertó en el lugar donde vive”, precisó.

La víctima será nuevamente convocada por la Fiscalía para declarar debido a que la versión que brindó en un primer momento no coincide con lo que trascendió en los medios de comunicación, específicamente en lo que se refiere a la acusación contra su compañero de trabajo, sindicado como presunto autor del hecho. Así también, será sometido a una evaluación psicológica para ver si puede recordar más detalles.

Respecto a la posibilidad de comprobar si es que este sereno ingirió algún tipo de sustancia antes de ser sometido al abuso, la fiscal indicó que él no llegó a mencionar eso en su declaración. “Lo que él dijo es que ese día tomó mucho, nunca dijo que tenía sospechas de que se le puso algo en la bebida o algo así. A estas alturas ya es imposible un examen toxicológico”, afirmó Ruiz Díaz.

En caso de que eventualmente el denunciante confirme ante el Ministerio Público la acusación contra el otro funcionario municipal, éste podría ser convocado a prestar declaración, confirmó.

La representante del Ministerio Público adelantó que se verá si en las cercanías del lugar en el que se registró el supuesto abuso no existen cámaras de seguridad, a fin de revisar las filmaciones del circuito cerrado y tratar de determinar quiénes acompañaron al hombre en aquel momento.

Este caso no podría enmarcarse bajo la carátula de coacción sexual debido a que no se recurrió a la fuerza o amenaza para cometer el abuso, por lo que probablemente sea considerado como abuso sexual en personas indefensas, sobre todo atendiendo a que el afectado se encontraba en un aparente estado de inconsciencia. “Hay que ver qué elementos me da (la víctima) para encuadrar dentro de un tipo penal porque son diferentes los componentes en estos tipos penales”, sostuvo la agente fiscal al referirse sobre el punto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.