Un fulminante informe confidencial de una auditoría hecha por el propio Poder Ejecutivo revela la supuesta tremenda tragada de dinero en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Efraín Alegre. Pese a que se detectaron irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritaban una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización, como la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, tal como recomendaron los auditores.

Ante las aparentes sospechas que existían sobre los turbios manejos del entonces ministro Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas, fue encomendada una fiscalización de carácter confidencial que finalizó el 30 de noviembre del 2011, pero que fue cajoneada por el Poder Ejecutivo.

Recién ahora sale a luz el resultado de la Auditoría de Revisión Especial del Ejercicio Fiscal 2010 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011, que abarcó la administración de Efraín Alegre, quien estuvo en la institución desde el 15 de agosto del 2008 al 5 de junio del 2011, cuando fue rajado por el entonces presidente Fernando Lugo.

Desde desprolijidades en las compras públicas, dudosos legajos de funcionarios, hasta obras millonarias varadas, son algunas de las irregularidades que fueron detectadas en el trabajo de los auditores al cual accedió el equipo de “La caja negra”. El monto total del perjuicio que se habría ocasionado en la era del liberal superaría los 37 millones de dólares.

Según la conclusión final del informe secreto, la recomendación hecha por el equipo fiscalizador constaba de dos puntos principales. El primero iba dirigido al ministro de Obras Públicas, recomendando que coordine las medidas correctivas presentadas en el documento. El segundo instaba al Presidente de la República a impulsar una investigación del origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo a deslindar las responsabilidades, y además aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, la decisión final fue archivar este informe de carácter confidencial que estaba limitado al Presidente y el ministro de Obras, y nunca se derivó a las instancias correspondientes para su investigación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.