A pedido de los fis­cales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia, el martes 5 del corriente mes, el juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta que mantenía Sch­neider en el banco Atlas, hasta cubrir la suma de G. 165.773.269.216 (unos 21 millones de euros); también decretó la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos, que serán admi­nistrados por la Secretaría Nacional de Administra­ción de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Schneider, de 34 años, fue detenido el pasado lunes 4 de setiembre en la zona de Villa Morra, Asun­ción, tras el intercam­bio de información entre autoridades paraguayas y alemanas. El extranjero sobre quien pesaba una orden de captura inter­nacional era buscado en su país como el supuesto responsable de una millo­naria estafa en plena pan­demia del covid-19. Según las autoridades alemanas, Malte Schneider defraudó a la Asociación de Médi­cos de Seguros de Enfer­medad del Estado de Baja Sajonia, facturando cos­tos de pruebas de covid-19 (PoCantigen), las cuales finalmente no fueron rea­lizadas. Se estiman unas 500.000 pruebas que fue­ron cobradas, pero no eje­cutadas.

Durante la audiencia rea­lizada en el marco de la causa, los fiscales argu­mentaron el pedido de medidas cautelares, resaltando que Schneider cuenta con solicitud de extradición de Alemania por el fraude de 21.112.119 euros y parte de este millo­nario monto habría lavado en Paraguay, gracias a los frágiles controles antila­vado en entidades finan­cieras. Apuntaron que se trataba del primer proce­dimiento de este tipo con una nación europea.

El fiscal Cabrera solicitó aplicar las medidas caute­lares reales sobre los bie­nes muebles e inmuebles y cuentas bancarias que pertenecen a Robin Malte Schneider, quien habría defraudado a la mencio­nada asociación de médi­cos de seguro de salud de Baja Sajonia en Hannover (Alemania), al facturar cos­tos de prueba de antígeno, que supuestamente habían sido realizadas, pero que, conforme con otros ele­mentos, existen indicios de que nunca fueron llevadas a cabo, lo que habría oca­sionado un perjuicio mul­timillonario.

El pedido de captura del alemán es con intenciones de extradición a su país de origen. No obstante, el jefe de Interpol Paraguay, comi­sario Carlos Duré, aseguró que cuentan con suficientes elementos para iniciar una investigación por la comi­sión de hechos punibles en nuestro país.

En el pedido de extra­dición se refiere que el detenido habría ingre­sado parte de ese monto al Paraguay con el fin de realizar inversiones financieras e inmobi­liarias y, ante el conoci­miento de los hechos, la Fiscalía abrió una causa por la supuesta comisión de lavado de activo y, fruto de las diligencias realiza­das, se detectaron activos adquiridos en nuestro país. Se presume que el alemán realizó una serie de inversiones inmobi­liarias en Paraguay con parte del dinero defrau­dado en su país. “Tenemos sospechas muy relevantes sobre la inversión de capi­tal indebido en Paraguay”, relató el comisario.

Los bienes fueron declara­dos sujetos a comiso por el juez Otazú, mientras que la defensa solicitó el rechazo de lo solicitado por la Fiscalía.

La propia Conmebol había iniciado un proceso de investigación y recupera­ción de parte del dinero desviado. Se denunció que se realizaban millo­narios depósitos de dinero en el banco Atlas, incluso en una ocasión fue depo­sitado un millón de dóla­res sin el más mínimo con­trol sobre el origen de los fondos. De acuerdo con los datos analizados en 14 biblioratos, que contie­nen datos, informaciones y documentos que datan de entre los años 2011 y 2018, las operaciones comercia­les entre el banco Atlas y la entonces administra­ción de la Conmebol, fue­ron autorizadas presun­tamente sin la aplicación del procedimiento corres­pondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.

El presidente de la Conme­bol, Alejandro Domínguez, había dicho que también se adquirieron centenares de inmuebles, grandes hec­táreas en todo el país con el dinero de la casa matriz del fútbol sudamericano, pero que era Inmobilia­ria del Este la encargada de administrar, vendiendo como lotes, en fracciones y creando urbanizaciones.

El otro escándalo que sal­picó al banco de la fami­lia Zuccolillo fue el cono­cido como megalavado por medio del cual se habrían lavado más de USD 600 millones, remesados irre­gularmente al extranjero. En esta causa que data de 2010 fueron creadas varias empresas de maletín y, a través del esquema ilícito, movilizaban grandes can­tidades de dinero prove­nientes de actividades ilí­citas, como la piratería, el narcotráfico y el contrabando. El dinero de las ganancias se enviaba por remesas al extranjero a través de entidades banca­rias como Regional, BBVA Paraguay SA, banco Atlas, entre otras.

El banco Atlas, propie­dad de la familia Zucco­lillo, está siendo investi­gado en tres grandes casos y emblemáticos en el país, que lleva adelante el Minis­terio Público, relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico: A Ultranza Py, Cabeza Branca y sobre los millonarios sobornos en el fútbol.

Con estas investigacio­nes abiertas, la entidad bancaria se encuentra en la mira por sus dudosas operaciones comercia­les y, en especial, por su negativa en proporcionar información a la Justicia, todo apunta a que aparen­temente Atlas contribuyó en el esquema de lavado de dinero sucio en el país, esa es la presunción que se tiene en la Fiscalía, ya que cada vez aparecen más vínculos del banco de plaza y dudosas operacio­nes con personas implica­das en caso de mucha tras­cendencia a nivel local e internacional.

La Justicia había empla­zado a los directivos de la entidad bancaria, liderada por Miguel Ángel Zaldívar y su esposa Natalia Zucco­lillo, a remitir en un plazo de 24 horas los documen­tos que son requeridos por el Ministerio Público, en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py, bajo la advertencia de un proceso penal por des­acato en el caso de incum­plimiento.

Este requerimiento guar­daba relación con las cuen­tas bancarias abiertas a nombre de los investiga­dos, el grupo Tapiracuai, organización vinculada a Alberto Koube; la empresa La Hortensia, de la esposa de Koube, y el imputado Alexis Vidal González Zárate, quien es vicepre­sidente de la firma Total Cars, una empresa clave para el presunto lavado de activos, ya que Gianina García, pareja del uruguayo Sebastián Marset, presunto líder del esquema del envío de drogas al exterior, es pre­sidenta de esa firma.

A Ultranza Py es el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay, con 114 allanamientos, 24 per­sonas detenidas, sumando la reciente detención de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y los millonarios bienes incautados. La investiga­ción apunta a un amplio esquema criminal dedicado al tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica a puertos de Europa y África.

El emplazamiento se dio a las reiteradas negativas a colaborar con las investi­gaciones llevadas adelante por el agente fiscal Deny Yoon Park, quien realizó el requerimiento, en cua­tro ocasiones, de las docu­mentaciones de los involu­crados en A Ultranza Py.

El banco Atlas también es investigado por el Minis­terio Público por sus nexos con el poderoso jefe narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, quien inyectó mucho capital en diversas empresas para­guayas con dinero prove­niente del narcotráfico.

De acuerdo con la investi­gación encabezada por la fiscala Antidrogas Lorena Ledesma, la investigación de Cabeza Branca consti­tuye el caso más grande y relevante de lavado de dinero en Paraguay, ya que el conocido como Varón de la Droga habría utilizado el sistema financiero para colocar dinero sucio en el país.

En 2021, la fiscala Ledesma expuso en un informe que algunos ban­cos habrían participado activamente en operacio­nes para el otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el per­fil financiero y así con­tribuir la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico, entre ellos fue citado el banco Atlas.

De acuerdo con la investi­gación fiscal, Atlas evitó realizar las debidas dili­gencias antes de otorgar en 2015 préstamos de USD 6,5 millones a Gilberto Sua­res, quien es el tractorista de Cabeza Branca, quien se encuentra imputado por lavado de dinero.

La entidad bancaria reco­noció que realizó esta ope­ración con la persona que aparece en la carpeta fis­cal como el prestanombre del narco brasileño. El fis­cal Omar Legal confirmó el año pasado que, tras rea­lizar un desprendimiento del caso Cabeza Branca, se abrió otro caso puntual de lavado de dinero a entida­des financieras, entre ellas el banco Atlas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.