El doctor Rubén Medina, director de la XIII Región Sanitaria de Amambay, manifestó a la R800 AM que vía laboratorio han sido confirmados un total de 43 casos, pero con certeza clínica ya suman aproximadamente 200 casos.

El mismo confirmó que ya desde el mes de febrero se venían registrando varios casos febriles, pero debido a una demora para recibir la confirmación de datos clínicos recién ahora tienen certeza de la situación que se vive en dicho departamento.

Medina se mostró preocupado por el brote de chikungunya debido a que, de no tomarse las medidas necesarias, podría extenderse al resto del país. “Cuando se desata la epidemia es incontrolable, más todavía si tenemos proliferación de larvas que están creciendo y después se convierten en mosquitos adultos”, indicó a radio La Unión.

Sobre este mismo punto, recordó que el virus no se mueve a través del mosquito, sino directamente a través de las personas, por lo que alguien que ahora esté trabajando en Pedro Juan Caballero mañana podría, por cuestiones laborales, tener que viajar a otras ciudades, dispersando así la enfermedad.

El médico sostuvo que a inicios de año habían solicitado a las autoridades realizar mingas ambientales para contrarrestar la presencia de criaderos de mosquito, pero lamentó que no hubo acompañamiento a dicha propuesta debido a que enero y febrero fueron meses electorales y “la gente que tenía que colaborar en la parte de salud estaba en otra cosa”.

En relación a las zonas con mayor cantidad de casos confirmados, el director de XIII Región Sanitaria confirmó que el 95% corresponde a la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.

Respecto a los pacientes que han sido afectados con la enfermedad, el doctor Medina detalló que algunos han quedado con secuelas como dolores articulares, pero existe la sospecha de que dos ciudadanos brasileños mayores de 70 años han tenido un “proceso neurológico grave” y, por lo tanto, debieron ser transferidos a la ciudad de El Dorado, Brasil, para recibir un mejor tratamiento.

“Esto se veía venir, por eso en febrero presionamos para que todos los casos sean investigados a fondo, ahí comenzó a surgir la certeza de que teníamos circulando no sólo dengue, sino también chikungunya y probablemente zika”, expresó.

Finalmente, alertó a la población para tomar todos los recaudos necesarios e instó a consultar ante cualquier sospecha, esto debido a que no todos los casos vienen con fiebre alta sino que “se disfrazan” con dolores articulares muy fuertes, resultando ser chikungunya.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.