El Presupuesto General de la Nación, un análisis de la Ley anual más importante del país fue el tema del debate desarrollado por Desarrollo en Democracia (DENDE), del cual participaron el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas; el ex ministro de Hacienda y analista económico, César Barreto y la analista Ella Duarte Aranda. Los mismos coincidieron en la necesidad de que el Congreso Nacional respete los topes de gastos previstos por el Ministerio de Hacienda y, principalmente, no caiga en la tentación de otorgar aumentos salariales, u otro tipo de concesiones prebendarías, o ceder a pedidos de reivindicación social que podrían poner en riesgo las cuentas fiscales de forma permanente.

En ese sentido, el economista César Barreto señaló la necesidad de que se vuelva a un endeudamiento con menor costo para el Estado, tomando préstamos de organismos multilaterales y disminuyendo la emisión de Bonos en el mercado internacional, de manera a bajar el nivel de deuda y que se pueda hacer frente a nuevos shocks que podrían darse en el futuro, tanto a nivel sanitario como climático. “El tema de Itaipú es gravitante en lo que nos pueda pasar en la próxima década. Si tenemos más recursos o no de Itaipú hace la gran diferencia respecto a que podamos hacer más inversiones en servicios públicos en la próxima década”, destacó al tiempo de señalar la necesidad de acelerar el proceso de convergencia hacia el tope del déficit fiscal del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Indicó que el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de Presupuesto 2022 “de transición” razonable, por lo cual insistió en la necesidad de que el Parlamento respete los montos establecidos, pues si priman criterios políticos electorales puede ser complicado.

Resaltó que hay avances en materia de Presupuesto por Resultados, pero recién dentro de 10 a 15 años se notarán los cambios importantes. También hizo hincapié en que la institucionalidad pública es endeble, con un ingreso per cápita bajo y un ritmo de crecimiento lento, por lo cual las reformas son fundamentales para ir mejorando la productividad y el ingreso per cápita.

Por su parte, el ministro Oscar Llamosas manifestó que después de la pandemia es imposible creer que todo va a volver a la normalidad, y aunque muchos sectores creen que como la situación sanitaria está controlada empiezan a surgir nuevamente demandas que, si bien podrían hasta ser hasta razonables, lo cierto es que la situación fiscal no está para atenderlas. “El pedido que le hacemos al Congreso es que respete los topes para que tengamos un Presupuesto medianamente ejecutable y finalmente no generen falsas expectativas”, apuntó.

También indicó que desde la cartera fiscal se viene planteando una agenda importante en materia de leyes que pueden ayudar a mejorar la eficiencia del gasto público, como el proyecto de ley de Servicio Civil, el proyecto de ley de Compras Públicas y otra de fortalecimiento fiscal que implica una reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal en este periodo de transición, con un tope a la deuda de 40% máximo dadas ciertas situaciones.

Destacó que este Presupuesto fue elaborado con prudencia, manteniendo las restricciones en los gastos y respetando las reglas fiscales, viéndose reflejados en la reducción gradual del déficit fiscal, y el congelamiento de los salarios públicos, a excepción de los docentes y el efecto del ajuste del salario mínimo legal.

Entretanto, Ella Duarte indicó la necesidad de que se mire a mediano plazo en una verdadera reforma del gasto público y que el Estado genere capacidad de ahorro, enfocando la inversión no solo en obras de infraestructura sino también en atender a la clase media y a la formación de capital humano. Además, señaló la necesidad de mirar los ingresos tributarios, sin generar estrés en los aportantes.

El titular de DENDE, Alberto Acosta Garbarino recordó que la Ley de Presupuesto General de la Nación es la normativa donde se ve reflejado todo lo que se escucha en los discursos políticos y se plasma la verdadera intención del gobernante, a través de cuánto se destina a inversión en salud, educación y obras, así como a seguridad y se ve quiénes son los beneficiarios del gasto público, así como cuán desarrollista es el Gobierno de turno. Resaltó la necesidad de mantener los gastos en salud, y armonizar el equilibrio en la inversión sanitaria y de obras públicas, pero reduciendo el déficit fiscal.

Finalmente, Yan Speranza, moderador del debate, afirmó que hay que estar atentos a los periodos electorales, a pesar de que se ha logrado un respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, se debe apuntar a que cualquier mejora en la calidad del gasto se vuelque en mejores servicios públicos. También se mostró esperanzado de que el Presupuesto por Resultados tome cuerpo para lograr una mejora en la calidad del gasto público.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.