Miguel Ángel Gaspar, especialista en ciberseguridad, cuestionó la decisión del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, de incorporar un código QR a la cédula de identidad.

En entrevista con radio Ñanduti, el experto señaló que esta tecnología “no servirá para nada” más que agilizar la lectura mecánica de los documentos (siendo esto algo no necesario en la práctica), y aseguró además que no garantizará la seguridad de los datos de los ciudadanos y que además podría aumentar la cantidad de documentos de identidad con contenido falso.

“Las explicaciones que los encargados dan a la prensa, en vez de aclarar, oscurece aún más la situación. En la comunidad técnica nadie encuentra el sentido de lo que quieren hacer. Los mecanismos de identificación ciudadana deben darle a la persona la seguridad, la privacidad y la identificabilidad en el sentido de él hacia su país y de su país hacia él para el resto de los países. Los mecanismos que se integran a la cédula o pasaporte deben ser robustos. Cuando miramos los documentos de otros países vemos que dentro de la foto de la persona hay un sello con encriptación y marca de agua, el código de barra también tiene código encriptado. Eso es algo básico”, indicó.

En el caso de Paraguay, se implementará un código QR abierto y podrá ser leído por cualquier teléfono incluso, según advirtió Gaspar, quien dijo que es hasta estúpida la idea que se quiere implementar porque al hacer el escaneo el lector solo mostrará lo que ya está luego en la cédula, por lo que no habrá ninguna innovación.

Sostuvo que en la actualidad se puso muy de moda los pagos QR en los establecimientos comerciales, pero remarcó que esto no es muy seguro. “Cuando pagamos con código QR en las tiendas, la gente piensa que es lo más seguro del mundo, pero no es así. Lo más inseguro es estar escaneando como loco los códigos QR en cualquier parte, porque es una de las codificaciones que no sabemos su origen sino únicamente luego de escanear. No es lo mismo escanear el código de tu banco o un local certificado, que uno que puede llevar a una página maliciosa”, explicó.

Destacó que otra iba a ser la historia si es que se implementaban las cédulas con chips, ya que estos sí podrán almacenar información adicional, como las huellas dactilares, biometría facial, entre otros. “En cambio acá lo que hicieron fue reducir la cédula a un carnet de barrio (…) Todo huele a una tragada de plata”, arremetió.

Por último el experto añadió que el mecanismo más seguro es el pasaporte 4.0 (documentos con chips), implementado en países de Europa y también Chile, Brasil y Argentina.

Llamativamente, las autoridades policiales tienen todo listo para implementar el nuevo sistema que ofrece la expedición rápida de cédulas con chips electrónicos, pero no lo hacen a raíz de una “mano negra” que traba esta modernización.

En el año 2017, el Ministerio del Interior realizó la reforma de Identificaciones al adjudicar al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE) la instalación del moderno sistema que permitirá que las personas ya no esperen por semanas sus documentos personales. La mencionada empresa ya instaló el equipo para hacer las pruebas en la primera fase del plan, sin embargo, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, no da su visto bueno para avanzar con los trabajos, pese a que ministros anteriores a él ya dieron su “ok” para que la institución expida las cédulas con chips.

Misteriosamente, ahora Giuzzio propone retroceder tecnológicamente al implementar las cédulas con código QR.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.