Una rosca cerrada de negocios opera con proyecto de antico­rrupción del Centro de Infor­mación y Recursos para el Desarrollo (CIRD), misma ONG en la que descubrimos una repartija de honorarios entre el clan familiar del pre­sidente, Agustín Carrizosa, y su coordinador de “Más ciu­dadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz.

El proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” que se lleva adelante en el marco del acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Uni­dos para el Desarrollo Inter­nacional (Usaid) y el CIRD, al igual que varios proyectos ejecutados por la ONG, tiene detrás consultoras contratadas a las que resultan estar vinculados los administra­dores, en este caso, a las que prestan servicios y facturan el coordinador de la inicia­tiva y su hijo de nombre Car­los Francisco Alcaraz.

Alcaraz contrata para con­sultoría en “Más ciudada­nía, menos corrupción” a la ONG Conciencia Viva donde está como directora ejecu­tiva Romy Vaesken, quien en documentos presenta­dos al Ministerio de Eco­nomía y Finanzas también aparece con participación y como representante legal en la consultora Tabacman, misma empresa que trabaja con el CIRD y en el proyecto anticorrupción. (Ver info­grafía).

La ONG Conciencia Viva le contrata a su vez como téc­nico para los talleres de “Más ciudadanía, menos corrup­ción” al hijo del coordinador de este proyecto. A la par, papá e hijo también prestan servicios de consultoría a Tabacman, que trabaja en el proyecto con el CIRD.

En Tabacman está José Félix Bogado Tabacman, partici­pante mayoritario y también representante legal, según los documentos oficiales.

Al ser consultado sobre los vínculos con la ONG y la consultora que facturan en proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz había confirmado que su hijo trabaja en Conciencia Viva y que tanto él como su retoño son consultores de Tabacman.

“Sí, trabaja en Conciencia Viva y trabaja también en Tabacman. Los profesiona­les independientes trabaja­mos en todas partes donde podemos porque no tenemos ningún salario”, dijo.

“Hago consultorías muy puntuales en Tabacman, no recibo un salario mensual, hago trabajos de consulto­ría, dentro del CIRD yo no soy funcionario. Yo recibo un honorario como consulto­ría y Carlos trabaja en varias consultorías en planificación estratégica porque es su espe­cialidad porque tiene un mas­terado al respecto”, explicó Alcaraz, dejando entrever las facturaciones en la empresa y ONG a las que contrata en proyecto anticorrupción.

Sobre el conflicto de inte­rés por el vínculo de su hijo con la ONG que él contrato en “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz respon­dió: “Nosotros no le contrata­mos a Carlos, nosotros le con­tratamos a Conciencia Viva, pero él forma parte del plan­tel de Conciencia Viva, que le acompañó a Romy Vaesken, que es la directora de Con­ciencia Viva, para ayudarle, ni un problema porque es profesional independiente”.

Como se puede apreciar en la infografía, en “Más ciu­dadanía, menos corrup­ción” también se contrató a Beas Consultora, que es de Isabel Benítez Espínola, contadora de Alcaraz. La mujer inscribió en el Ins­tituto de Previsión Social (IPS) al coordinador del proyecto y figura como su empleadora.

“En IPS hay varias modali­dades de aporte y una es el aporte voluntario, de modo que no constituye ningún delito que una persona aporte voluntariamente porque per­mite la legislación de IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo cier­tos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios. Yo regularmente le escribo sus notas y ella me contrata”, sos­tuvo Alcaraz.

El CIRD también trabaja con la Red de Democracia y Transparencia (RDT) y con el Ministerio de Salud tiene un millonario conve­nio firmado en la época de Julio Mazzoleni, cuyas ren­diciones de gastos solicita­das no son proveídas, pese a las varias solicitudes vía Ley de Acceso a la Informa­ción Pública.

el proyecto de “Reactivación eco­nómica poscovid” del propio pre­sidente del CIRD, Agustín Carri­zosa; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, y su hija, Paola Carrizosa, al que se suma Carlos Alcaraz, hijo de Francisco Alcaraz, la ONG difundió un comunicado para decir que “es una institución privada donde rige la regla de la libertad contractual”.

El comunicado refiere el cumpli­miento de la rendición de gastos de fondos recibidos de Sinafocal, SNPP, MIC, MTESS; sin embargo, estas instituciones hasta ahora no transparentan totalmente la infor­mación que solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública. Hay infinidad de convenios del CIRD con instituciones del Estado, no pasan por Contrata­ciones Públicas, se desconocen sus ejecuciones y no se proveen los datos financieros.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.