El abogado Diego Fernández, asesor jurídico de la División de Pérdida Eléctrica de la ANDE habló sobre el procedimiento que realizaron ayer en conjunto con el Ministerio Público en la ciudad de San Antonio, donde se logró detectar una estructura montada para la sustracción clandestina de energía en una minería de criptomonedas.

Fernández informó que la planta allanada contaba con 8 transformadores y estimó que el consumo sería de más de 4.000 KVA. “Lo que se estaba robando es algo grandioso, estaban instaladas 3 megas que sirven para abastecer a más de 3.000 viviendas que utilizan el servicio en baja tensión”, expresó en diálogo con 1000 AM.

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En esa línea, detalló que la denuncia fue presentada por los vecinos a raíz de los constantes cortes de energía eléctrica, que eran mucho más frecuentes en los últimos meses y que ocasionaban constantes quemas de electrodomésticos.

“El establecimiento contaba con medidores que solo servían como pantalla, porque no registraban consumo alguno. Habían unas 3.000 máquinas instaladas que constantemente generaban procesos, lo que demanda un gran consumo de electricidad”, afirmó.

El funcionario de la ANDE indicó que luego del procedimiento, retiraron el servicio, pero los equipos quedaron en el sitio por disposición fiscal. “Uno de los transformadores que encontramos ahí era de 2.000 kva, uno de 100kVA abastase por ejemplo a toda una manzana, este transformador abastecía 100 veces más”.

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Por último, dijo que los responsables de la sustracción ilegal de energía se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa, según establece el Artículo 173 del Código Penal.

Cabe mencionar que la ANDE creó el “Grupo de Consumo Intensivo Especial; grupo tarifario” para los clientes dedicados al rubro de minería de criptoactivos

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.