El 18 de julio, la niña Violeta llegó con su madre al Hospital San Pablo, debido a unas náuseas y cólicos menstruales que la quejaban.

Según el relato de la madre, Blanca Díaz, allí los atendió el doctor Omar Flam, quien le recetó dipirona y ondansetron. De ahí la derivaron a una sala en donde las recibieron una enfermera y el doctor Guillermo Bareiro, quienes avisaron que aplicarían ambas drogas por vía intravenosa.

“Ahí mi hija me dice: – mamá, ¿no me pueden poner en mi pierna?, entonces el médico hace una broma diciendo que cómo va a tener miedo si ya tiene 13 años, entonces le digo que si le van a tratar así nos vamos nomás”, relató la madre en entrevista con el SNT.

Seguidamente le inyectaron el medicamento en el brazo derecho. “Al ponerle -que no fue lento ni por goteo, me dice:- mami, tengo ganas de vomitar, después echa algo verde y ahí queda, ya no me habló más”, lamentó.

Ante el desesperado grito de auxilio de la señora, llevaron a la niña al área de reanimación, donde se percataron de que sufrió un paro cardiorespiratorio, tras lo cual la trasladaron al Hospital del Trauma, con bajísimos signos vitales.

“Me subí a la ambulancia y el doctor Bareiro que vio todo lo que pasó, se quedó ahí en vez de acompañarnos”, cuestionó la mujer.

Violeta pasó tres meses en terapia intensiva y desde entonces quedó con una parálisis cerebral severa, a consecuencia de la medicación aplicada. La condición médica de la niña es irreversible. No habla, no se mueve, ni emite señales.

Una pequeña saludable, que amaba la danza y el colegio, ingresó caminando al Hospital San Pablo para consultar por unos cólicos menstruales y quedó postrada en la cama para siempre, dependiente de costosos medicamentos para apenas existir.

“El 24 de diciembre no pudimos cenar en familia, yo con Violeta en el dormitorio con la cara triste y esos doctores con sus familias alzando las copas, mientras una criatura sufre”, reclamó la madre.

El caso sucedió un mes antes de la muerte del bebé Renato, a quien también le aplicaron ondansetron, el cual le causó complicaciones y consecuencias fatales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.