Son 13 los sanatorios privados que tienen un convenio con el Ministerio de Salud para recibir pacientes con coronavirus. Quienes se internen en un hospital que no figure en la lista, carecen de argumento jurídico para exigir que el Gobierno absorba los gastos, según explicó a Gen el abogado Omar Valdez, director de Asuntos Judiciales de la cartera sanitaria.

Ante esta situación, mucha gente recurre a sus seguros privados, que generalmente cubren una escasa cantidad de días de internación. Transcurrido ese tiempo, la familia debe correr con los gastos o buscar un lugar en el sistema público.

Si un internado en un sanatorio privado fuera del convenio con el Ministerio se quedara sin dinero y solicitara una cama en el sector público y no hubiera lugar, Salud Pública no se hará cargo de los gastos.

Sin embargo, si además de pedir una cama en el Ministerio, también presentara un amparo judicial, podrá tener la esperanza de un fallo favorable que regirá desde el día de la presentación de esa acción y no antes. Todo esto, siempre y cuando el enfermo continúe internado.

Por ejemplo. Una familia utiliza los cinco días de internación que le cubría su seguro privado. A partir del día seis solicita una cama en un hospital público, pero le contestan que no hay lugar y mientras tanto continúa subiendo la cuenta. El día 9 consiguen un abogado y presentan un amparo judicial para que el Ministerio corra con los gastos.

El fallo sale favorable al paciente, pero comienza a regir recién desde la fecha de presentación de esa demanda y no antes. Es decir, la familia deberá pagar por los días 6,7 y 8 porque en medio de la desesperación no pensó en una acción judicial ni sabía que este era el criterio.

Si los afectados presentaran un amparo después de que el paciente reciba el alta o después del fallecimiento de la persona, Salud tampoco se hará cargo de los gastos, ya que el criterio para el amparo es que exista una situación de emergencia en curso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.