Se trata de una propuesta para complementar los Resultados del Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca, cuyo proceso lo está llevando adelante la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (CONALAYPA). Esto bajo el concepto “Aguas residuales a recursos” (AraR) y con el objetivo de mejorar el alcance de las soluciones propuestas.

En dicho análisis se destacó el impacto que generan los efectos del cambio climático en el ecosistema del lago, especialmente en cuanto a la modificación en las lluvias. Al respecto, el consultor Andrés Wehrle, mencionó lo siguiente: “El fenómeno del cambio climático está generando un atraso en las lluvias de verano, lo que hace que mediante la descarga natural existente y la evapotranspiración, el lago reduzca su nivel y sumado a las altas temperaturas de esa época del año, genera un alto riesgo para las floraciones de cianobacterias”.

En cuanto a la problemática de la contaminación, se destacó la importancia de la implementación del sistema de Alcantarillado Sanitario para las principales ciudades en la cuenca, que se encuentra en proceso de implementación por parte de la cartera de Obras Públicas y la necesidad de incrementar los controles a las industrias que operan en la cuenta.

“Importante saber no solamente las industrias y el tipo de industrias que se encuentran asentadas en la cuenca, sino, por sobre todo, qué tipo de tratamiento le están dando a sus efluentes antes de vestirlos a los cauces hídricos, por lo que el MADES debe jugar un papel crucial en este proceso”, señaló al respecto el Ing. Hugo Ruiz, titular de Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN).

Finalmente, el director de la CONALAYPA, Renato Máas, manifestó la necesidad de entablar un trabajo coordinado entre las instituciones que forman parte de comisión para lograr resultados sostenibles y en tiempo oportuno.

La iniciativa se trata de un proyecto de cooperación técnica liderada por CONALAYPA, en vinculación con Consorcio ITAC – INCLAM (España), Hidrocontrol (subcontratista en Paraguay) y la Universidad Politécnica de Madrid.

Participaron de la actividad, el Ing. Hugo Ruiz, titular de DAPSAN; Renato Máas, Director de la CONALAYPA, así como los técnicos del Consorcio ITAC – INCLAM, como así también los representantes de distintas instituciones como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Gobernación de Cordillera, la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), el Ministro de Industria y Comercio (MIC), entre otros.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.