Durante el debate, todos coincidieron en la necesidad de la vigencia de un ente regulador y de control, pero que no estaban de acuerdo con el proyecto en estudio en el Parlamento, presentado por algunos legisladores.

En ese orden, presentaron observaciones puntuales de varios artículos del proyecto al que consideran inviable y sugirieron que sea retirado por los impulsores.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, estuvo acompañada por el procurador general de la República, Marcos González; y por el director de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Juan José Galeano.

Entre los directivos de gremios de jubilados estuvieron Pedro Halley, de Unión Nacional de Jubilados del Paraguay; Corina Falcón, de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos Jubilados y Activos.

Además, José Calucci, del Centro de Jubilados de la Caja Bancaria; Vidal Benítez Alarcón y Estanislao Esquivel, de Fundación Paraguaya de Funcionarios Públicos, Jubilados y Activos del Programa de Administración Central, entre otros representantes.

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La ministra explicó que en la mesa de Diálogo con los diversos sectores se están recogiendo las sugerencias y que ya se está trabajando una nueva propuesta que será presentada al Poder Legislativo.

Indicó que tanto los representantes de los empleadores y de centrales sindicales ya están en la tarea de presentar un borrador próximamente en la Mesa de Diálogo.

“El Poder Ejecutivo no puede retirar un proyecto que no presentó, pero sí propuso la elaboración de una nueva propuesta que contemple justamente la idea de todos los sectores y las preocupaciones que sean plasmadas ahí. Lo importante acá es proteger los fondos jubilatorios, de que no existan más riesgos futuros de mal uso, mala administración, que los registros contables reflejen realmente lo que se necesita, y toda una política de gobernanza”, subrayó la ministra de Trabajo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.