A través de un comunicado publicado este viernes, la Administración Nacional de Electricidad sentó postura sobre la polémica suscitada con la Compañía Luz y Fuerza S.A. (CLYFSA), encargada de la provisión de energía en la ciudad de Villarrica.

Al respecto, la ANDE sostiene que dicha entidad “falta a la verdad”, acusándola de beneficiarse con más de USD 11 millones por diferencia tarifaria en lo que respecta al pago por la energía recibida.

Gracias a un amparo judicial promovido años atrás, CLYFSA hoy goza de una gran ventaja al pagar una tarifa menor que los demás usuarios de ANDE del resto del país, denuncia la empresa estatal.

En el año 2021, CLYFSA pagó a la ANDE solo 23,84 USD/MWh por la energía adquirida, mientras que la ANDE en el mismo periodo la adquirió a 29,46 USD/MWh, señala el comunicado.

En otro apartado, manifiesta que desde el mes de marzo de 2021 a diciembre de 2021, la empresa villarriqueña ha presentado a la ANDE cuatro solicitudes de Aumento de la Potencia Reservada, que arrojan un crecimiento del 53%, muy por encima del crecimiento vegetativo de carga. Este hecho incluso podría significar un riesgo para la infraestructura y el suministro de energía a los demás usuarios.

La ANDE acusa a CLYFSA de solicitar este aumento de la demanda de potencia para la venta de energía eléctrica a mineras de bitcoin, aprovechándose de la situación de compra de energía a un precio más barato. Sobre este punto, menciona que en la ciudad de Villarrica aumentaron notablemente las operaciones industriales de minería cripto desde el año 2020.

“CLYFSA acusa a la ANDE de atentar contra el derecho de sus usuarios, cuando es la misma CLYFSA la que, acción judicial mediante llamativamente promovida y resuelta en su localidad, logra violentar el principio de “Igualdad” establecido en el art. 46 de la Constitución Nacional, consiguiendo una tarifa mucho más baja que las que paga el resto de la población paraguaya. Todo esto le ha significado a los accionistas de esta empresa rentas multimillonarias en detrimento del patrimonio de la ANDE”, finaliza el comunicado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.