Anexo C: Dejarán hoja de ruta para el nuevo Gobierno e intentarán definir tarifa

Las autoridades expusieron sobre Itaipú ante la Comisión Permanente del Congreso. Foto: MRE

Paraguay acordó con Brasil adelantar las conversaciones sobre la revisión del Anexo C y dejar una hoja de ruta para el nuevo Gobierno que asumirá el 15 de agosto. En cuanto a la tarifa, la postura es mantener la actual y tratar de llegar a un consenso lo antes posible.

La Comisión Permanente del Congreso finalmente tuvo la oportunidad de enterarse sobre la situación actual en la Itaipú Binacional, a través de las autoridades competentes: el director de la entidad, Juan Manuel María Cáceres; el canciller Julio Arriola y el titular de la ANDE, Félix Sosa.

El ministro Julio Arriola informó que logró reunirse con su par Mauro Vieira en Brasilia, el día de la investidura de Lula Da Silva, como parte de su misión iniciar las gestiones con el nuevo Gobierno.

“Hemos  acordado, en base a conversaciones con Mauro Vieira (nuevo canciller brasileño), una reunión introductoria a ese respecto en las próximas semanas, para tratar muchos temas, porque tenemos una agenda muy nutrida con Brasil”, comentó Arriola y sostuvo que Itaipú es uno de ellos.

De hecho, se propuso el adelantamiento del inicio del diálogo preparatorio sobre el Anexo C y su revisión. 

El ministro anunció que el objetivo es dejar un plan de trabajo para el Gobierno que asumirá el 15 de agosto. Sobre el punto, dijo que después de las elecciones generales, probablemente ya se sabrá quién será el nuevo canciller y que para entonces, ya hablará con él. 

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“Trabajaremos de forma coordinada con el Gobierno que va a venir, no existe ningún compromiso que podamos asumir, simplemente queremos tener una hoja de ruta y dejar todo organizado para que cuando llegue el nuevo Gobierno, avancemos en el camino de la revisión del Anexo C”, afirmó. 

Recordó que ambos países están obligados a iniciar la revisión el 13 de agosto, aunque la fecha caiga dos días antes de la asunción de un nuevo presidente en Paraguay.

Por su parte, el director de Itaipú, Manuel María Cáceres, reiteró que no existe tarifa consensuada y ratificó la postura que defenderá Paraguay: mantener la actual intermedia de USD 20.75, contrariamente a lo que indica el Anexo C, sobre una disminución con la caída de la deuda.

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“La deuda se termina de pagar el mes que viene, desaparece el componente que llegó a ser el 65 % de los ingresos, pero necesitamos que se mantenga una tarifa por encima de lo que establece el Anexo C”, afirmó Cáceres.

Reconoció que técnicamente corresponde un descenso, pero recordó que desde el 2003, Itaipú adoptó una función social, que se implementó desde el 2004, con la inversión  en aspectos necesarios como la infraestructura eléctrica.

Sobre la tarifa para este año, (la del 2022 tardó 8 meses en definirse), aclaró que no hay ninguna imposición unilateral y aseguró que se acordará una tarifa que convenga a los dos países. El recorte de 38,9 % que aplicó Brasil rige para su mercado, pero cuando se llegue a un acuerdo deberá compensar la diferencia. 

A su turno, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, expuso el plan maestro de la entidad, que contempla inversiones varias en sistema eléctrico. También expuso las necesidad de la ANDE en materia de infraestructura. Los gastos pueden ser cubiertos en parte con la actual tarifa.

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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

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