Con la amortización de la deuda contraída para la construcción de la represa de Itaipú, la tarifa se reducirá automáticamente. Según el tratado, en el 2023 se debe revisar al Anexo C, que contempla lo relacionado al aspecto financiero.

Brasil ya manifestó públicamente su interés en esa reducción, pero Paraguay todavía no sentó postura oficial y se simplemente se limitó a enviar una nota para solicitar el inicio de esa revisión. Ese pedido hasta aquí no fue contestado.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, recordó que el análisis de lo que le conviene a nuestro país ya se inició en el 2019, pero concretamente no se planteó nada al socio. Sosa aclaró que por un lado está lo conveniente para la ANDE y por otro, lo beneficioso a nivel país.

“Yo como presidente, digo que lógicamente siempre le conviene a la ANDE comprar un producto más barato, la energía. Pero a nivel país, existen algunos beneficios adicionales fuera de la ANDE, por tal motivo, en este momento se busca la negociación con nuestro socio, para poder definir cuáles son los conceptos adicionales para mantener la tarifa o llegar a una reducción mínima el próximo año”, detalló Sosa en su visita al programa Fuego Cruzado por el canal Gen.

El ingeniero Sosa informó que lo primordial está nivel técnico y del directorio, en torno a la tarifa en sí, tomando en cuenta que la deuda se reducirá en 600 millones de dólares, con lo cual se debe verificar cuáles son los compromisos que quedan financieros en ambas márgenes. Aquí se sabrá si la tarifa se mantiene en USD 22,6 Kw al mes o si se reduce.

Para el presidente de la ANDE, al Paraguay le conviene bajar la tarifa, pero no totalmente, pues esto le permitirá contar con fondos para desarrollar otros tipos de fuentes de generación de energía.

“Tampoco le conviene a Brasil que baje totalmente la energía general de la Itaipú, de esa manera, nuestra tarifa en Paraguay va a ser más competitiva, entonces en poco tiempo se puede utilizar el 100 % con la instalación de grandes industrias en Paraguay, y ellos necesitan de la energía de Itaipú, más todavía en la crisis hidrológica”, subrayó.

SI BAJA LA TARIFA, ¿SERÁ MÁS BARATA LA ENERGÍA PARA EL USUARIO FINAL?

La tarifa de la ANDE, la más baja de la región, es insuficiente para hacer todas las inversiones previstas en el plan maestro, que en un horizonte de 10 años prevé una inversión de 6.500 millones de dólares en transmisión, distribución y generación de energía.

La reducción que se resuelva en la revisión del Anexo C, no repercutirá en la misma proporción en el usuario final, según Félix Sosa, aunque es probable que los clientes de bajo consumo sean alcanzados en alguna medida.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.