La fábrica electrointensiva Archer SA, cuyo gerente general en nuestro país es João Frizzon, se encuentra operativa en nuestro país desde octubre del año pasado. La firma se dedica a la producción de carburo de silicio.

Desde el momento en que inició con sus actividades, la empresa fue acusada por los pobladores de las ciudades de Altos, Loma Grande, San Bernardino y Nueva Colombia de supuestamente emitir gases tóxicos y producir daños en el medio ambiente. En los alrededores de la fábrica viven aproximadamente 27.000 personas.

El olor a cloaca que despide la planta fabril abarca un importante sector de las mencionadas localidades del departamento de Cordillera. El “perfume de la muerte”, como le llaman los pobladores, se ha vuelto insoportable, especialmente en horas de la noche.

En la zona ya se han registrado varias muertes de animales, una disminución en la producción de cultivos como tomates y mandarinas, así como constancias de problemas de salud en la población, de acuerdo a las denuncias que se vienen realizando. Se estima que alrededor de 40.000 árboles de cítricos quedaron destruidos por esta situación.

Otra de las consecuencias que se habrían generado a raíz de la presencia de Archer S.A. es la masiva mortandad de abejas mieleras, utilizadas para la apicultura en la zona. Ante este panorama, muchos productores estiman que la producción de miel se resentirá de forma considerable.

El encargado del puesto de salud en la ciudad de Altos, Gustavo Miche­letto, reveló que hay 50 registros de pacientes con síntomas de ardor en los ojos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y lesiones en la piel en un informe remitido al Ministerio de Salud Pública.

ANTECEDENTES

La instalación y licencias para el inicio de actividades de la firma Archer S.A. se aprobaron en tiempo récord durante el gobierno de Federico Franco. La empresa soporta una serie de denuncias por violación de la Ley 716/95 que sanciona con pena carcelaria la emisión de gases contaminantes.

En una intervención in situ realizada en enero pasado, técnicos de la Secretaría del Ambiente (SEAM) constataron además infracciones a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. El informe de los técnicos expresa que efectivamente la planta fabril produce gases que desprenden un olor fétido.

Al momento de la verificación se constató que se encontraban en funcionamiento hornos con­sistentes en conductores eléc­tricos que se encuentran al aire libre. Asimismo, el proceso de cocción es realizado en todo momento en la intemperie sin contar con ningún tipo de cap­tación de gases.

Por otro lado, se verificó la impregnación de los materiales de materia prima y producto final en los cami­nos vecinales llegando incluso hasta causes hídricos. Estos datos fueron remitidos a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público.

El 28 de mayo pasado, la junta municipal de la ciudad de Loma Grande resolvió suspender de forma indefinida las actividades de la fábrica de carburo de silicio Archer S.A. En su resolución, las autoridades municipales argumentaron que la emanación de olores nauseabundos constituye “un verdadero atentado contra el bienestar de la población y sus derechos”.

Pobladores de las comunidades de Altos, Nueva Colombia y Loma Grande habían solicitado a las autoridades intervenir y suspender las actividades de la empresa, inclusive presentando un amparo judicial argumentando derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. La acción fue rechazada “in limine” (es decir, sin ser analizada la cuestión de fondo) por el juez de la niñez de Caacupé, Victor Jose Jahire Cousirat, quien decidió omitir sin fundamente alguno las pruebas, testimonios y diagnósticos médicos que prueban que en esas comunidades las personas pueden morir envenenadas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.