La Administración Nacional de Navega­ción y Puertos (ANNP) tiene planificados llamados a licitación pública por un valor total de 2,4 millones de dólares, que serán ejecutados en los últimos días de mayo y durante el siguiente mes.

El 28 de febrero de este año, Puertos publicó en el portal de Contrataciones Públicas la planificación del llamado para el Servicio de Digitali­zación de Documentos, con un monto global estimado de G. 2.000.000.000 y para la adquisición de equipos de CCTV para la institución, por valor de G. 500.000.000. Ambas convocatorias están previstas para este mes.

Así también, a finales de febrero, la empresa estatal dio a conocer la planifica­ción de la licitación para la adquisición de grúa porta­contenedor de 45 toneladas, con una inversión estima­tiva de G. 7.000.000.000; otra para la adquisición de cinta transportadora móvil, por G. 2.400.000.000; además para la adquisición de para­rrayos para las terminales portuarias de la ANNP, por G. 780.000.000; y para la cons­trucción de defensa de mue­lle en las terminales portua­rias de Pilar y Villeta, por G. 4.300.000.000. Todas estas convocatorias están proyec­tadas para este mes de junio.

A todo lo anterior se suma que la institución realizó un llamado el pasado 13 de abril para la adquisición de mini­cargadores de granos, con un monto estimado de G. 773.925.000 y con un anticipo del 20 %. La apertura de ofertas se realizó el 28 de abril, y se presentaron tres oferen­tes. Este proceso se encuen­tra actualmente en la etapa de evaluación.

Sumando las seis licitaciones planificadas y la que está en etapa de evaluación, Puertos prevé destinar en las siguien­tes semanas un total de G. 17.753.925.000 (que al cam­bio actual da USD 2.457.832). Un monto que resulta nada despreciable y que se suma al carnaval de licitaciones que está realizando el gobierno saliente con las compras que hace a las apuradas antes del traspaso de mando.

El gobierno saliente de Mario Abdo Benítez se encuentra en plena campaña para realizar las últimas movidas antes de entregar el mando al equipo del presidente electo, San­tiago Peña. Las licitaciones y los contratos en curso com­prometerán presupuestos de varios años, por lo que urge parar el carnaval de rapiña del gobierno saliente.

La economista y exministra de Hacienda Lea Giménez, quien integra el equipo de transición de Santiago Peña, advirtió la falta de voluntad del gobierno de Mario Abdo Benítez, de parar aquellas licitaciones y compras públi­cas no urgentes, además de la creación de llamativos sindi­catos para blindar a los fun­cionarios y la inclusión a las apuradas de más trabajadores a la función pública.

Según expuso Lea Giménez, la administración saliente convoca a 1.814 licitacio­nes plurianuales, las cuales representan ya el 73 % del presupuesto de licitaciones previsto en el paquete del ejercicio 2023. Esta situa­ción dejaría maniatada a la próxima administración, por lo que genera tremenda preocupación en el equipo de transición.

Estos procesos licitatorios no son decisiones urgentes de este año y comprometen de forma significativa los recur­sos del Estado por dos a tres años. ¿Por qué quieren acele­rar los procesos hoy estando ya de salida? Es la pregunta que se hacen en el equipo entrante.

Además de estos llamati­vos llamados licitatorios, se suman los contratos y nom­bramientos que se están rea­lizando y que tendrán impacto permanente en la función pública y en el fisco. Resulta muy llamativo que el Gobierno se empecine en continuar con el concurso que está en mar­cha en la Itaipú Binacional, donde existen fuertes sos­pechas de direccionamiento en la convocatoria que busca cubrir 220 vacantes. Las múl­tiples denuncias de aparente direccionamiento en este pro­ceso de selección externa está dañando seriamente la ima­gen de la binacional y de sus funcionarios, por lo que se pide altura moral e integridad de los administradores de turno.

Así también llama la aten­ción la reactivación de los sindicatos en las institucio­nes públicas y la creación de otros nuevos, situación que hace sospechar de una apa­rente movida para blindar a los funcionarios leales y auto­ridades del oficialismo actual.

En ese sentido, a meses del cambio de autoridades de Estado, el cuestionado direc­tor de Responsabilidad Social de Itaipú Binacional, Gerardo Soria, en su momento jefe de escritorio en Itaipú, se apre­suró en acomodarse como secretario general de un sin­dicato “reciclado”, pese a que no puede ejercer el rol por su cargo directivo. Su designa­ción resulta suspicaz debido a que el sindicato realizó la asamblea luego de 5 años sin tener actividad en la organi­zación sindical.

Al igual que en la binacio­nal, en el Ministerio de Tra­bajo aquellos funcionarios de confianza que ingresaron con la ministra Carla Baci­galupo estarían constitu­yendo el Sindicato de Fun­cionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (SIFU – MTESS), con el aparente fin de evitar ser despedidos al conseguir la estabilidad sindical de sus miembros. Quienes lideran la convocatoria para constituir la asamblea general son dos trabajadores antiguos de la institución: Claudia Valiente, quien es funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurí­dica del Viceministerio de Trabajo y tiene un sueldo de G. 4.694.375, y Pedro Ramírez Apestegui, quien es jefe inte­rino del Dpto. de Dictáme­nes de Relaciones Laborales y percibe una remuneración de G. 9.490.000.

Otra situación que no pasó desapercibida en este último tramo de la administración de Abdo fue la designación de la exasesora de imagen de la primera dama Silvana Abdo, la joven Fiorella Ric­ciardi, como representante diplomática de la República del Paraguay ante Canadá, como primera secretaria y cónsul de primera clase, con categoría D26. Con este distinguido cargo le corres­ponde un salario básico men­sual de USD 4.505, a los que se suman otras bonificacio­nes, pago de alquiler y desa­rraigo conforme a la escala de las Naciones Unidas.

El equipo de transición no pide al Gobierno actual que pare el Estado, sino que desista de aquellas movidas que no son urgentes y nece­sarias. Sin embargo, lejos de tomar nota al pedido del equipo entrante, el manda­tario saliente Mario Abdo Benítez trató de histéricos a los designados por Santiago Peña, y con esto se ratificó en que seguirá con su rapiña antes de dejar el cargo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.