La Secretaría Nacio­nal Anticorrup­ción (Senac), que debiera ser la punta de lanza en la lucha contra los presuntos hechos ilí­citos que diariamente sal­tan a la luz, en la práctica se traduce en una insti­tución que se dedica más bien a delegar los recla­mos de la ciudadanía a las mismas instituciones señaladas como corrup­tas. Es decir, se volvió intermediaria de denun­cias de corrupción cuando la misión institucional señala que es la encargada de “liderar la aplicación de políticas de transparen­cia de gestión y lucha con­tra la corrupción en todas las instituciones del Poder Ejecutivo”.

El modus operandi de la Senac es delegar a las uni­dades de Transparencia Anticorrupción (UTA) de cada entidad denun­ciada para que investi­guen irregularidades que se les cuestionan y ter­minan autoinvestigán­dose. Lo más irónico de la situación es que las UTA no son subordinadas a la Senac y los encargados de las mismas terminan favo­reciendo a los altos admi­nistradores.

Desde la Senac habían men­cionado en su momento que ellos solo pueden investi­gar a las máximas autori­dades de las instituciones afectadas y que formen parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una década después de la creación de la institución, no se conoce el caso de algún ministro o máxima autoridad que haya caído por causa de una acusación de la Senac, lo cual la convierte en una farsa al considerar la can­tidad de casos emblemáti­cos de supuestas irregula­ridades que fueron pasados por alto en la institución.

“Nosotros recibimos las denuncias y les asignamos a las unidades de Trans­parencia de cada institu­ción a la que corresponde. Por ejemplo, si se hizo una denuncia en el Ministe­rio de Obras Públicas, se le asigna a la Unidad de Transparencia Anti­corrupción de esa enti­dad para que gestione la denuncia”, explicó cuando era asesor jurídico de la Senac el hoy ministro Juan Federico Hetter.

Uno de estos casos delega­dos por la Senac a la UTA del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) es la licita­ción de esta cartera de USD 12 millones para la construcción de paradas de buses a precios “de oro” meses antes de las elec­ciones partidarias. Había denuncias de direcciona­miento, riesgoso anticipo, compras de tecnología con las que ya se contaba, etc.

El caso de las paradas “de oro” había sido denun­ciado a la Senac durante la administración del exmi­nistro René Fernández, y tal como explicó Hetter en su momento, y fue desesti­mando en menos de 15 días con un confuso argumento de que la licitación estaba en proceso de ajustes, en menos de 15 días.

“La Unidad de Trans­parencia (UTA) de cada institución depende de su máxima autoridad, no depende de la Senac. Nosotros trabajamos coordinadamente con ellos porque nosotros somos la institución que reglamentamos el uso del portal y el sistema de seguimiento, pero en rea­lidad cada UTA depende de su máxima autoridad”, explicó María Liz Gar­cía, directora de Aná­lisis y Seguimientos de casos de la Senad, ridi­culizando de esta manera las gestiones de la Secretaría Anticorrupción que deriva denuncias a insti­tuciones dependientes del Poder Ejecutivo para que estas se autoinvestiguen.

Se puede mencionar también la decena de denuncias recibidas por la Senac por supuestas irregularidades en pro­cesos de contratación de personal dentro de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) entre el 2019 y 2020. Fueron derivadas a la UTA de la entidad denunciada y las causas queda­ron en la nada.

Como los mencionados, a la Secretaría Antico­rrupción se le escaparon sonados ilícitos que desa­taron la indignación gene­ralizada, principalmente por tragadas de fondos covid, como los tapabocas “de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y la famosa agua tónica para combatir el virus en Petropar cuyas exautoridades afrontan procesos judiciales por estos casos.

Estos antecedentes que reflejan la nula interven­ción de la Senac es la que generó el debate sobre la funcionalidad de esta ins­titución y el plan de supri­mirla por el gobierno entrante. No hay que olvi­dar que la poca gestión de liderazgo de la Secreta­ría Anticorrupción cuesta mucho a los contribuyen­tes, ya que demanda un gasto aproximado de G. 4.000 millones al año, para casi nada.

La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa. ¿Qué es lo que se debe reanudar y cómo inició todo?

La madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.

El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.

En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.

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“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.

El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.

Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.

El fiscal Aldo Cantero, de la Unidad Penal 1, solicitó al Juzgado disponer prisión preventiva para el hombre que se llevó a su hija de 2 años, en violación del régimen de convivencia que indicaba que debía regresarla a su madre el miércoles a las 17:00. Su conducta configura los hechos de violación del deber del cuidado y desacato de orden judicial.

El argumento del pedido es que el extranjero no tiene arraigo en el país ni domicilio fijo, lo que representa un peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Estos dos hechos son los presupuestos legales para la prisión preventiva.

El hecho sucedió el miércoles último, cuando el chileno retiró a su hija menor de edad en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por una resolución judicial. El horario permitido era de 14:00 a 17:00, pero según la madre de la niña, el hombre pidió buscarla al mediodía, a lo que ella se negó, porque ya había accedido a ampliar el horario en días anteriores, por lo que se plantó y pidió respetar lo establecido.

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Ante esta negativa, el hombre y su madre (abuela paterna de la niña) sorprendieron a la abuela materna cuando esta fue a buscar a la pequeña de la guardería y se la arrebataron, según la denuncia de la mamá. Llegada la hora 17:00, el padre no devolvió a la hija.

Más tarde avisó que estaba en San Bernardino con la niña y que no podía volver porque su vehículo presentó desperfectos mecánicos. Ante esto, la madre se ofreció a ir a buscar a la niña, pero desde ese momento el padre cortó toda comunicación.

Se activó el protocolo de búsqueda y localización. La abuela paterna fue detenida ayer por la mañana en el aeropuerto Silvio Pettirossi, cuando se disponía a tomar un vuelo rumbo a Chile. La mujer no colaboró con información sobre el paradero de la nieta.

No obstante, finalmente la encontraron en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, República Argentina, donde detuvieron al padre.

Carlos Enrique Rodas, paraguayo, de 40 años, fue víctima de un homicidio cometido con arma de fuego, según reportó la Comisaría 7ª Barrio Jardín Aurora, dependiente de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Amambay.

El hecho ocurrió en la Fracción María Auxiliadora de la colonia Mafussi, ciudad de Pedro Juan Caballero.

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El autor se desplazaba a bordo de una motocicleta de color negro, cuyos demás datos se desconocen.

Tras la denuncia recibida, los agentes acudieron al lugar y encontraron a la víctima tendida en un sector con abundante vegetación, ya sin signos de vida.

El caso está en manos de la Fiscalía, que tendrá como base la información recogida por el Departamento de Investigación de Hechos Punibles y el Departamento de Criminalística y de Homicidios. De momento, no se tienen datos sobre el autor.