La Secretaría Nacio­nal Anticorrup­ción (Senac), que debiera ser la punta de lanza en la lucha contra los presuntos hechos ilí­citos que diariamente sal­tan a la luz, en la práctica se traduce en una insti­tución que se dedica más bien a delegar los recla­mos de la ciudadanía a las mismas instituciones señaladas como corrup­tas. Es decir, se volvió intermediaria de denun­cias de corrupción cuando la misión institucional señala que es la encargada de “liderar la aplicación de políticas de transparen­cia de gestión y lucha con­tra la corrupción en todas las instituciones del Poder Ejecutivo”.

El modus operandi de la Senac es delegar a las uni­dades de Transparencia Anticorrupción (UTA) de cada entidad denun­ciada para que investi­guen irregularidades que se les cuestionan y ter­minan autoinvestigán­dose. Lo más irónico de la situación es que las UTA no son subordinadas a la Senac y los encargados de las mismas terminan favo­reciendo a los altos admi­nistradores.

Desde la Senac habían men­cionado en su momento que ellos solo pueden investi­gar a las máximas autori­dades de las instituciones afectadas y que formen parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una década después de la creación de la institución, no se conoce el caso de algún ministro o máxima autoridad que haya caído por causa de una acusación de la Senac, lo cual la convierte en una farsa al considerar la can­tidad de casos emblemáti­cos de supuestas irregula­ridades que fueron pasados por alto en la institución.

“Nosotros recibimos las denuncias y les asignamos a las unidades de Trans­parencia de cada institu­ción a la que corresponde. Por ejemplo, si se hizo una denuncia en el Ministe­rio de Obras Públicas, se le asigna a la Unidad de Transparencia Anti­corrupción de esa enti­dad para que gestione la denuncia”, explicó cuando era asesor jurídico de la Senac el hoy ministro Juan Federico Hetter.

Uno de estos casos delega­dos por la Senac a la UTA del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) es la licita­ción de esta cartera de USD 12 millones para la construcción de paradas de buses a precios “de oro” meses antes de las elec­ciones partidarias. Había denuncias de direcciona­miento, riesgoso anticipo, compras de tecnología con las que ya se contaba, etc.

El caso de las paradas “de oro” había sido denun­ciado a la Senac durante la administración del exmi­nistro René Fernández, y tal como explicó Hetter en su momento, y fue desesti­mando en menos de 15 días con un confuso argumento de que la licitación estaba en proceso de ajustes, en menos de 15 días.

“La Unidad de Trans­parencia (UTA) de cada institución depende de su máxima autoridad, no depende de la Senac. Nosotros trabajamos coordinadamente con ellos porque nosotros somos la institución que reglamentamos el uso del portal y el sistema de seguimiento, pero en rea­lidad cada UTA depende de su máxima autoridad”, explicó María Liz Gar­cía, directora de Aná­lisis y Seguimientos de casos de la Senad, ridi­culizando de esta manera las gestiones de la Secretaría Anticorrupción que deriva denuncias a insti­tuciones dependientes del Poder Ejecutivo para que estas se autoinvestiguen.

Se puede mencionar también la decena de denuncias recibidas por la Senac por supuestas irregularidades en pro­cesos de contratación de personal dentro de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) entre el 2019 y 2020. Fueron derivadas a la UTA de la entidad denunciada y las causas queda­ron en la nada.

Como los mencionados, a la Secretaría Antico­rrupción se le escaparon sonados ilícitos que desa­taron la indignación gene­ralizada, principalmente por tragadas de fondos covid, como los tapabocas “de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y la famosa agua tónica para combatir el virus en Petropar cuyas exautoridades afrontan procesos judiciales por estos casos.

Estos antecedentes que reflejan la nula interven­ción de la Senac es la que generó el debate sobre la funcionalidad de esta ins­titución y el plan de supri­mirla por el gobierno entrante. No hay que olvi­dar que la poca gestión de liderazgo de la Secreta­ría Anticorrupción cuesta mucho a los contribuyen­tes, ya que demanda un gasto aproximado de G. 4.000 millones al año, para casi nada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.