En charla con la prensa, el congresista adelantó que en el transcurso de la jornada presentará la propuesta legislativa ante la Comisión de Justicia y Trabajo que justamente él preside, de modo a que sea analizada y luego puesta a consideración del pleno.

“Hay gente de mandos medios que es obligada a veces a cometer los delitos y los errores y le damos la posibilidad que, por ejemplo, si le corresponde 10 años de cárcel, pero si presenta y ayuda a la justicia con pruebas y se ha arrepentido, en vez de ir 10 años puede ir 3 años”, indicó.

A su parecer, este cambio permitirá luchar contra la impunidad, ya que se tendrá la forma de evidenciar con pruebas los hechos cometidos por quienes estén en la cabeza de la estructura criminal. “La gente que realmente se arrepiente, confiesa y  va a tener su premio”, acotó.

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En nuestro país, la figura de la delación premiada como tal no existe dentro del Código Penal Paraguayo, aunque sí se puede hablar de una tipificación similar en la Ley 1340/88 “Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines”.

En su Artículo 43, dicha normativa menciona: “Las penas previstas en esta Ley serán disminuidas a la quinta parte si el procesado, antes de dictarse prisión preventiva, diere información que permita el comiso de cantidades considerables de sustancias a que se refiere esta Ley o el descubrimiento de organizaciones de traficantes, y a la tercera parte, si la información se proporcionare después de dedicarse dicho auto, pero antes de la sentencia definitiva”.

La delación premiada, aplicada con resultados positivos en diversos países del mundo, permite reducir las penas privativas de libertad a personas que sean vinculadas a algún hecho punible, sean en calidad de autor o cómplice, siendo una herramienta de gran utilidad para las autoridades en el marco de una investigación penal.

El problema radica en que la única legislación en la que se incluye una figura similar a la delación premiada en Paraguay, solo tiene aplicabilidad en lo concerniente al combate al narcotráfico y demás hechos vinculados, no pudiendo ser aplicada a otras figuras penales donde también hay una necesidad real.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.