Según el candidato electo, el electorado de San Bernardino optó por el cambio en la administración de la comuna. “Los pobladores de San Bernardino querían un cambio y por tal motivo han apostado por la alternancia de nuestro proyecto, el cual voy a cumplir con la responsabilidad que se necesita”, precisó Emigdio Ruiz Diaz.

El elegido señaló que, el próximo mes, cuando asuma la administración de la Municipalidad mandará practicar una auditoría de la gestión del ex Intendente Aguilar y remitir a la Contraloría y al Ministerio Público los antecedentes de todos los casos donde existan indicios de corrupción.

Como muestra, el intendente electo se refirió al publicitado caso de la obra del Sr. Francisco Benavente, construida a orillas del lago en zona de protección ambiental, sin respetar la distancia de retiro reglamentaria. Fui informado por el actual Jefe de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, que el ex intendente Aguilar aprobó dicho proyecto en contra de los dictámenes técnicos emitidos por sus propios funcionarios y por el MADES, y que cuando el tribunal pidió la remisión de los antecedentes, algunos fueron ocultados por la anterior administración.

Ahora, tras la salida de Aguilar, se encontraron algunos antecedentes “traspapelados”, entre ellos el dictamen del Director de Planificación Física y Urbanística de la comuna. En dicho memorándum de fecha 10.08.2020, dicha dirección técnica había dictaminado que para “la aprobación o rechazo (del proyecto de Benavente) debe tenerse en cuenta la franja mínima o línea de 50 metros desde el pelo del agua o cota máxima prevista para el Lago Ypacarai y que conforme al PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA DE RECURSOS DEL LAGO YPACARAI corresponde a la cota 63,5msnm”… Más adelante, el mismo dictamen recomienda que con el objetivo de preservar una integralidad del paisaje del Área Silvestre Protegida reserva de recursos manejados del Lago Ypacarai, la construcción que se pretende desarrollar deberá mantener el mayor retiro posible desde el espejo de agua manteniendo como mínimo la línea de construcción de las viviendas colindantes”.

El Abogado Lucas Chávez, actual Jefe de Asuntos Administrativos y Judiciales de la Municipalidad, señaló que dicho informe técnico -ocultado al tribunal- era concordante con el dictamen original N° 1053/2020 firmado por el entonces Asesor Jurídico de la Municipalidad, Abg. Rafael Rojas, donde dicho asesor expresaba que “el área deberá considerarse como un área de especial interés ambiental por lo cual todos los proyectos deberán ser evaluados con criterio ambiental para la aprobación o rechazo, y que conforme a las normas citadas esta asesoría recomienda modificar parcialmente la resolución No. 234/16 IM y disponer que la construcción de la vivienda del Sr. Francisco Benavente deberá tener un retiro de 50 metros lineales a contar desde el pelo del agua o cota máxima prevista para el lago Ypacarai, que según el plan de manejo de la Reserva de Recursos del Lago Ypacarai, corresponde a la cota 63,5 msmn”

Chávez comentó que pocos días después de haber firmado dicho dictamen, el mismo abogado Rojas “cambió de parecer” sin que hayan cambiado las normas aplicables, pasando por alto lo dictaminado por la Dirección de Planificación Física y Urbanística de la Municipalidad y la misma SEAM (hoy en día MADES) que por Nota SGCCARN 2008/16 ya se había pronunciado en el mismo sentido, estableciendo que la obra en cuestión debía implantarse a la mayor distancia posible desde el espejo de agua y manteniendo como mínimo la línea de construcción de las viviendas vecinas. .

El actual asesor de la comuna refirió que a raíz de estas irregularidades, los vecinos afectados por la obra de Benavente demandaron a la Municipalidad de San Bernardino, y cuando el tribunal requirió a la anterior administración el envío de los antecedentes administrativos, el dictamen técnico de la Dirección de Planificación llamativamente no fue remitido al Poder Judicial, lo cual constituye un ocultamiento sumamente grave e irregular.

Concluyó el abogado que este caso es apenas una muestra de las irregularidades cometidas por el ex intendente Aguilar, que causaron el hartazgo de la ciudadanía, y que serán investigadas, revisadas y denunciadas cuando asuma la nueva administración municipal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.