En contacto con Radio 1000, la abogada Carolina Arias anunció que apelará el arresto domiciliario otorgado a Florencia Noemí Romero, responsable del siniestro vial que tuvo el trágico desenlace en Fernando de la Mora cuando Natalia Godoy fue arrollada y asesinada mientras estaba esperando bus para ir a trabajar.

“Lo que me queda es apelar esta absurda resolución. No puede venir una magistrada interina a resolver esto sobre un trabajo arduo que se vino realizando”, dijo la profesional. También calificó como una “grave desidia” el hecho de que la fiscal interina, Sandra Fariña, no se haya presentado a la audiencia telemática llevada a cabo ayer, sin comunicar los motivos de su ausencia.

Arias rechazó el argumento dado por la jueza para fundamentar su decisión, tal como que no existiría peligro de fuga de la procesada. Al respecto, la abogada afirmó que hay testigos oculares del suceso que todavía no fueron convocados a declarar. “Hay un joven motociclista que dijo a la prensa que ella (la procesada) venía como Toreto (a altísima velocidad)”, agregó.

Así también denunció que una testigo fue llamada por “otra gente que no era la querella” para ofrecerle algo a cambio de su testimonio. “Una de las testigos, hace meses, fue llamada por otra gente que no era la querella, justamente, no sé, ofreciéndole algo. No le presté tanta atención a esa persona cuando eso, pero claro que hay peligro de obstrucción porque los testigos aún no fueron a declarar”, dijo.

Aseguró que desde el principio hubo trabas en la causa y refirió que Florencia fue a la cárcel por seis meses únicamente gracias a la presión ciudadana. “Acá es el poder contra gente humilde, así lastimosamente se maneja esto, me siento muy indignada porque reunieron todos los requisitos para que se dé esto”, acotó.

La abogada refirió que la familia de la procesada ahora busca atacar la velocidad. Un perito inicial consideró que la conductora ebria iba entre 80 y 100 km/h, mientras que el perito privado de los familiares de la imputada sostiene que solo circulaba entre 50 y 59 km/h. “Eso es algo ridículo porque se puede ver a simple vista en el video del accidente”, dijo y agregó que llamativamente la Fiscalía no hizo lugar a un pedido de aclaratoria hecha por ella ante estos dictámenes tan dispares.

Otro dato llamativo es que no se hizo el examen psicológico y psiquiátrico. “Son situaciones que fueron salteando y que ahora voy hilando. Inclusive al parecer solo estuvo en prisión en los papeles”, sostuvo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.