De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República, existe un inquietante patrón con las mismas empresas que van ganando las licitaciones de las municipalidades, las gobernaciones, y del Ministerio de Educación.

El almuerzo escolar es un negocio que mueve millones y llamativamente está beneficiando siempre a las mismas claques ¿Quiénes son los barones de la merienda escolar en Paraguay? ¿Cuánto facturan y cuál es el nivel de incidencia que tienen en el mercado de las licitaciones?

Observando el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a la suma de US$ 1.044.292.695. En el 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y MEC fue de G. 885.298.763.498 (US$ 120.514.397).

En ese periodo, la empresa proveedora Ladero Paraguayo S.A. se posicionó como la favorita con 176 adjudicaciones por valor total de G. 578.027.082.995. Esta firma consiguió contrataciones en 15 departamentos más la capital.

En el segundo lugar figura la empresa Comepar con cuatro contrataciones por G. 567.578.055.351. En tercer puesto aparece esta misma proveedora pero consorciada bajo el nombre de Consorcio Comepar y Asociados con 10 adjudicaciones por G. 509.945.666.181. Llamativamente esta misma empresa Comepar aparece nuevamente en el puesto 56 con otros dos contratos por G. 13.765.699.860.

En el cuarto lugar aparece Rosa Mabel Capli con 108 adjudicaciones por G. 435.653.118.703. En el quinto figura Patricia Esther Fernández Valiente con 15 contrataciones por un total de G. 283.499.530.379. En el sexto puesto aparece Blanca Nieves Rodríguez Braun con 148 contrataciones por G. 281.920.049.145. Le sigue el Consorcio Santa Rosa con 7 adjudicaciones por G. 219.912.963.366. Después aparecen la firma Granos y Aceites S.A.C.I.A. con 18 contratos por un monto total de G. 198.436.963.980, el Consorcio El Colono con 7 contrataciones por G. 157.154.886.290 y la firma Vega S.A. con 14 adjudicaciones por valor de G. 145.201.893.750.

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De los 10 mayores proveedores señalados, se constató que algunas firmas se encuentran vinculadas entre sí a través de socios. Al agruparlas, la Contraloría detectó dos grandes grupos, a los cuales denominó grupo Comepar y grupo Capli.

Las firmas que componen el grupo Comepar se encuentran vinculadas a través del Sr. Antolín Javier Genez Miranda, quien es socio y representante legal de las sociedades, y son las siguientes firmas: Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Consorcio de Alimentos, Consorcio Comepar y Alimentos, Consorcio Comepar y Plasma S.A.

De acuerdo con el informe, las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Comepar representan el 21% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación Escolar durante los 10 años en el área capital y departamento Central.

Mientras que el segundo grupo, denominado Capli, está conformado y representado por Rosa Mabel Capli (firma unipersonal Distribuidora Paraguay), Hugo Atilio Carlson Núñez (firma unipersonal CAR &CAP Servicios), María Alejandra Mabel Carlson Capli (firma unipersonal Roma Emprendimientos), y Carlos Atilio Carlson Capli (firma unipersonal Fortaleza Emprendimientos).

Las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Capli representan el 15% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación durante los 10 años en 12 departamentos: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.

Según el informe, en los procesos de Almuerzo Escolar de las Gobernaciones en los años 2021 y 2022 en los que tuvo participación el grupo Capli, se pudo observar un patrón recurrente con el grupo de empresas que se presentaban como oferentes en los mismos procesos en los que participaba Rosa Mabel Capli, ya que coincidentemente en varios de ellos se presentaron en forma reiterada las mismas firmas participantes, como ser: Engadi Alimentaria SRL y Fitra SRL, resultando beneficiada la proveedora Capli. Si bien los auditores aclaran que no existe transgresión legal, resulta muy inquietante esta llamativa recurrencia.

En cuanto a la provisión alimentaria que realiza el MEC, la Contraloría detalla que nuevamente existen proveedores frecuentes que son adjudicados en estas contrataciones. Tal es así que la firma Comepar S.A. fue beneficiada con 4 contratos, lo cual representa el mayor porcentaje de adjudicaciones, siendo el 34,54%; seguido por el Consorcio Comepar y Asociados con 7 contrataciones adjudicadas, que representa el 25,18% del total; luego se encuentra Patricia Fernández de Alcaráz con 8 contrataciones, abarcando el 14,04% del total.

En varios procesos de contrataciones de diferentes años, las adjudicaciones recayeron sobre los mismos proveedores. En los 8 llamados realizados entre los años 2013 y 2022, presentaron ofertas en Lotes diferentes las empresas Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Patricia E. Fernández de Alcaraz y Aida Aquino de Farias.

La institución contralora reveló en ese sentido el esquema de cómo estas 4 firmas presentaban ofertas en cada llamado. En cada proceso la firma Comepar S.A. cotizó la mayor cantidad de Lotes y en ellos fue adjudicada; la siguiente firma de mayor cotización era el Consorcio Comepar y Asociados que cotizó uno o dos lotes sin coincidir con el número de lote ofertado por Comepar S.A., luego está Patricia Fernández de Alcaraz, quien cotizó un lote sin coincidir con los ofertados por las anteriores firmas, y finalmente Aida Aquino de Farias, quien cotizó un lote, también sin coincidir con ninguno de otros lotes ofertados por las demás firmas.

En el caso del Consorcio Comepar, las firmas Plasma S.A. y Comepar S.A. conforman el mismo. El modus operandi consiste en que en los mismos llamados, Comepar S.A. y el Consorcio Comepar y Asociados ofertaban en lotes diferentes y así eran adjudicados. Si bien esta práctica no está taxativamente prohibida por la ley, según esgrimió la Contraloría en su informe final, se configura en una conducta poco competitiva, lo cual da la pauta de la forma en que las grandes claques se adueñaron del jugoso negocio que representa llevar la comida a los alumnos en las instituciones educativas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.